Bogado: En Desarrollo Social está todo aprobado por controles
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Bogado, se refirió este miércoles a la denuncia mediática efectuada por la Defensoría del Pueblo, en la que dejaba entrever la falta de controles de parte de la cartera a un convenio que celebró con la Universidad Popular.
Los actos administrativos que realiza esta cartera tienen el aval de la Contaduría General de la Provincia y luego son corroboradas por el Tribunal de Cuentas, indicó Bogado.
La ministra aseveró que la asesoría legal de la cartera social cumplió formalmente con lo requerido por el ombudsman, a quien recordó que las puertas del ministerio están abiertas para la colaboración en sus tareas en defensa de la ciudadanía.
La funcionaria repasó que se trabajó con la celeridad que requería el caso y añadió que los dos pedidos de informes se contestaron en pocos días. La primera requisitoria ingresó al Ministerio el 5 de octubre de 2012 y se respondió siete días después y en el otro caso el pedido llegó al Ministerio el 14 de febrero de este año y se contestó el 28 del mismo mes, detalló.
Refiriéndose al caso de la Universidad Popular la funcionaria aclaró que, Desarrollo Social destinó fondos para la promoción del Registro de Oficios y Servicios, ya que en uno de sus apartados estipulaba capacitaciones.
Acto seguido, expresó que la cartera que conduce no tiene facultad alguna para determinar la nómina del personal que la entidad elige para estar al frente de los espacios de formación y que su obligación pasa por auditar el destino de los fondos remitidos.
Como excelente abogado que es, el doctor Corregido debe saber que el Artículo 1.198 del Código Civil versa sobre el principio de la buena fe, que es el que se aplica ante cada convenio que celebra este ministerio, sostuvo Bogado.
No obstante, ante las denuncias de posibles irregularidades, Desarrollo Social y la Universidad Popular interrumpieron la aplicación del acuerdo hasta tanto se determinen si se registraron anomalías.
Estos fondos corresponden a cuentas del ejercicio 2011, sobre las cuales el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de contralor, no efectuó ninguna observación por el caso, añadió la funcionaria.
Para finalizar, Beatriz Bogado consideró oportuno el pedido de intervención que realizó Corregido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), habida cuenta de profundizar los detalles de este caso.
El Ministerio se caracteriza por una administración transparente y eficaz, por lo que no hay motivos para poner en tela de juicio una supuesta falta de legalidad en los controles de los fondos, concluyó Bogado.