A cuarenta años del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 los organismos de Derechos Humanos integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco enarbolamos la lucha de la generación de militantes perseguidos, torturados y desaparecidos por el terrorismo de Estado y hacemos memoria, hoy más que nunca, ante la restauración conservadora y el retroceso en las conquistas sociales de los últimos años con trabajadores perseguidos, despidos masivos, ajuste y tarifazos, censura a periodistas y blindaje mediático por parte de la prensa corporativa en el marco de un regreso al alineamiento bajo las directrices de Estados Unidos y el capital financiero especulador.
EL GOLPE CÍVICO MILITAR DEL 24 DE MARZO DE 1976
El 24 de marzo de 1976 una Junta Militar encabezada por el jefe del Ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera, de la Armada, y el brigadier Orlando Agosti, de la Fuerza Aérea destituyó a las autoridades constitucionales de la Republica Argentina, disolvió el Congreso, remplazó los jueces de la Corte Suprema por jueces adictos al nuevo gobierno de facto, suprimió el régimen de partidos políticos y promovió una política represiva de un nivel tan alto de crueldad y extensión que fue caracterizada como “Terrorismo de Estado”. El nuevo gobierno se autotituló “Proceso de Reorganización Nacional”, sus objetivos declarados eran solucionar el vacío de poder que había ocasionado la crisis del gobierno de Isabel Perón y detener la actuación de las organizaciones armadas de izquierda y de derecha. Pero la “lucha contra la subversión” no fue dirigida contra la guerrilla en forma exclusiva. El Plan del Ejército de febrero de 1976 planteaba objetivos precisos; la destrucción de las organizaciones políticas, barriales, sindicales y estudiantiles que integraban el campo popular.La dictadura puede desdoblarse en dos momentos paralelos e interdependientes: por un lado un proyecto de reforma radical del modelo económico y social, y por el otro una acción brutal de sometimiento masivo por medio del terror. TERROR ESTATAL Una vez consumado el golpe de Estado del 24 de marzo el gobierno de facto puso en práctica el exterminio masivo de disidentes y opositores políticos en operativos clandestinos. La cifra de 30.000 víctimas de desaparición forzada corresponde al número proporcional de Habeas corpus presentados durante la dictadura, a estimaciones sobre la cantidad de prisioneros en la ESMA, Campo de Mayo y La Perla y a documentación de las Fuerzas Armadas, como el reporte del Servicio de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército de julio de 1978 que calcula en 22.000 el número de ejecutados y desaparecidos, cuando todavía restaban 5 años de dictadura. Se calcula que alrededor quinientos chicos fueron secuestrados con sus padres o nacieron en los centros clandestinos de detención donde fueron llevadas las jóvenes embarazadas. Los infantes secuestrados fueron apropiados por personal militar o abandonados en hospitales u orfanatos como seres sin nombre ni historia personal. Se les robó la identidad y se condenó a familias enteras a una búsqueda desesperada que en muchos casos continúa hasta el día de hoy. Para implementar la táctica de desaparición forzada de personas se crearon cientos de centros clandestinos de detención (CCD). La mayoría funcionó en instituciones oficiales: comisarías, edificios de la Marina o la Fuerza Aérea y dependencias del Ejército; “Hubo “patotas” (encargadas de secuestrar opositores y de repartirse el botín de guerra de sus bienes); hubo grupos de inteligencia, “interrogadores” encargados de torturar ( algunos de ellos con el rosario en la mano) para obtener información y guiar a las patotas a los nuevos “blancos”; hubo guardias que custodiaron a los “paquetes” y los formaron en fila para su “traslado” final; hubo desaparecedores de cadáveres que, en medio de una enorme tensión y violencia, llevaron a los prisioneros atados y amordazados lejos de los centros de detención y los fusilaron, para luego enterrarlos, quemarlos, o arrojar sus cuerpos en lugares públicos y simular un enfrentamiento” (El Dictador - María Seoane y Vicente Muleiro). La represión se realizó al margen de la ley, incluso de cualquier tipo de normativa dictatorial, ya que el gobierno de facto negaba la existencia del genocidio.
GOLPE A LA ECONOMÍA NACIONAL El golpe contó con el apoyo de importantes sectores de la sociedad, los grandes grupos económicos, la jerarquía eclesiástica, y los principales medios de prensa. Mientras que muchos dirigentes daban su apoyo al golpe, las bases sufrían persecución y muerte. Ya durante la madrugada del 24 de marzo, antes del anuncio oficial del golpe de estado, fuerzas militares allanaban los sindicatos, en su mayoría peronistas, y detenían a los militantes medios y de base. El 25 de marzo el FMI emitió un comunicado apoyando el golpe y anunció un crédito para la Argentina. La comunidad internacional se apresuró a respaldar el golpe de estado y reconoció de inmediato a las nuevas autoridades.El 2 de abril de 1976 José Alfredo Martínez de Hoz fue nombrado ministro de Economía. Su programa económico promovió el vaciamiento del Estado y la transferencia de recursos de las clases trabajadoras hacia los sectores más concentrados del capital financiero, lo que provocó la desaparición de una parte considerable de la industria, la decadencia de la pequeña y mediana empresa y una reducción salarial generalizada.“¿Cómo quedó el país?: robusto el sector financiero y vulnerada la estructura productiva. La industria, como porcentaje del PBI, había retrocedido en 1980 a cifras de los años sesenta. El salario real, menor en un 25 por ciento. El PBI por habitante en el '82 era inferior al de 1975 y el consumo por habitante, 10 por ciento menor para el conjunto, y mucho más bajo entre asalariados. Y una deuda externa total de 45.068 millones que, sin resolverse, daría lugar al remate del patrimonio del Estado”. (Manuel Fernández López, “La Economía del Proceso”).Dentro de la burguesía empresarial el apoyo a las Fuerzas Armadas fue explícito. Firmas como Perez Compac, la cementera Loma Negra, Arcor, Ford, Esso, Shell, el Ingenio Ledesma, etc. se beneficiaron con la dictadura y la sostuvieron desde el principio. Los casos de la metalúrgica Acindar, la Ford, la Mercedes Benz, y el Ingenio Ledesma son paradigmáticos.
EL CHACO El país fue subdividido en seis zonas, cada una bajo jurisdicción de alguno de los cinco cuerpos de ejército y del Comando de Institutos Militares. El Chaco formó parte de la Zona II, junto con Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Corrientes y Misiones. La Zona II estaba bajo jurisdicción del Segundo Cuerpo del Ejército comandado por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, con sede en Rosario. En el Chaco los máximos responsables políticos del Terrorismo de Estado fueron tres coroneles: Cnel. Oscar Zucconi: Desde el 24 de marzo de 1976 al 23 de abril de 1976.Cnel. R.E. Antonio Serrano: Desde el 23 de abril de 1976 hasta el 29 de marzo de 1981.Cnel. José David Ruiz Palacios: Desde el 29 de marzo de 1991 hasta el 10 de diciembre de 1983. Según la base de datos confeccionada por el Registro Único de la Verdad, área de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco responsable de recopilar y organizar la información y documentación vinculada a las acciones de la última dictadura cívico militar , la cifra de personas desaparecidas vinculadas al Chaco asciende a hasta la fecha a 160.
LA BRIGADA DE INVESTIGACIONES El Ejército argentino y la Policía del Chaco utilizaron las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de la Policía como base de operaciones para ejercer la represión ilegal del terrorismo Estatal, convirtiendo a la centenaria casona de Marcelo T. de Alvear 32 en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio más importante del Nordeste, lugar de paso obligado para todos los detenidos políticos, que inauguraban en sus sótanos y calabozos el itinerario de su secuestro , el cual podía continuar en la Alcaidía Policial, la Prisión Regional del Norte Unidad 7 o aún el Regimiento de la Liguria. Las instalaciones contaban con celdas de máxima seguridad y dos sótanos de tortura. Se tiene certeza de que varios de los militantes asesinados en la Masacre de Margarita Belén sufrieron cautiverio clandestino en sus calabozos. La Brigada era visitada regularmente por personal militar y por funcionarios del gobierno de facto y dependía de la VII Brigada de Infantería, con asiento en Corrientes comandada por el general Cristino Nicolaides, con un profuso prontuario de crímenes contra la humanidad. El director de la Brigada fue Carlos Alcides Thomas, jefe de la policía del Chaco. Lideró el grupo de torturadores y participó en las sesiones de tortura.En febrero de 2008 el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó excavaciones que confirmaron la existencia de los sótanos y descubrieron picanas y restos de un arma de fuego sepultados entre los escombros debajo del falso piso construido para ocultar las pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos allí. Hacia el final de la dictadura el lugar fue convertido en la sede de la Administración Provincial del Agua, como si el edificio fuese simplemente uno más en la ciudad. Era una manera de ocultar la verdad, un intento de borrar el pasado y tergiversar los hechos. En 2010 en la “Causa Caballero” se juzgaron los crímenes cometidos en la Brigada en el marco del terrorismo de Estado. Fueron sentenciados con las máximas penas doce represores por los secuestros y torturas a militantes políticos en la Brigada.Desde 2005 el edificio es un espacio de trabajo y difusión de la memoria colectiva referente al Terrorismo de Estado y sus implicancias en el presente organizado por la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco, integrada organismos de derechos humanos de la provincia.
COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA CHACO
24/3 – 1976-2016: Ni un paso atrás A cuarenta años del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 los organismos de Derechos Humanos integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco enarbolamos la lucha de la generación de militantes perseguidos, torturados y desaparecidos por el terrorismo de Estado y hacemos memoria, hoy más que nunca, ante la restauración conservadora y el retroceso en las conquistas sociales de los últimos años con trabajadores perseguidos, despidos masivos, ajuste y tarifazos, censura a periodistas y blindaje mediático por parte de la prensa corporativa en el marco de un regreso al alineamiento bajo las directrices de Estados Unidos y el capital financiero especulador. El golpe fue diseñado por grupos económicos nacionales y extranjeros y llevado a la práctica por las Fuerzas Armadas que implantaron un plan de persecución y exterminio de los opositores al gobierno de facto, con un saldo de 30.000 personas desaparecidas, más de 500 niños apropiados y miles de detenidos políticos, con el funesto corolario de una guerra de Malvinas encarada por los mandos militares genocidas a costa de la valentía y entrega de tantos jóvenes soldados con el sólo objetivo de perpetuarse en el poder y no de defender los soberanos derechos sobre las islas del atlántico Sur. La ruptura institucional de 1976 se dio en el marco del Plan Cóndor, la instalación de regímenes dictatoriales en toda América Latina con el aval y promoción de la CIA y los sectores más reaccionarios de Estados Unidos. En la actualidad este “cambio” es llevado acabo por un gobierno que resultó vencedor en las urnas pero que representa los intereses de las minorías históricamente privilegiadas; por primera vez, una Argentina “atendida por sus propios dueños” sin golpe de estado mediante, hecho inédito en nuestra historia que a la par que nos habla de la fortaleza del sistema democrático también nos advierte respecto de las dificultades que tenemos como sociedad a la hora de hacer memoria y articular una conciencia colectiva de los derechos y las necesidades de las mayorías postergadas. Mucho de ello se debe a ese golpe del 76 que marcó una bisagra en nuestra historia y significó la destrucción a sangre y fuego del tejido social de la sociedad argentina, desarticulando las fuerzas populares para posibilitar una millonaria transferencia de riqueza de la clase trabajadora a las arcas del capital concentrado y las finanzas a costa de la Salud, la educación, la vivienda, el salario y la calidad de vida. Por ello el proceso de reorganización neoliberal que dio inicio el 24 de marzo nos atraviesa a todos y todas, y provocó secuelas de urgente actualidad. JUICIO Y CASTIGO Ayer se los llevaron encapuchados para intentar desaparecer sus cuerpos, pero no pasó un día que ellos regresaron en cada bandera, en cada consigna, en cada lucha por la Justicia, por la Memoria y por la Verdad histórica. En estos cuarenta años el pueblo argentino logró el repudio generalizado a la barbarie dictatorial. El juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los setenta es único en su profundidad y extensión y tiene reconocimiento internacional . Los jerarcas del genocidio argentino fueron juzgados con juicios justos por un reclamo que comenzó siendo de los familiares nucleados en organismos de Derechos Humanos y con el paso de los años fue ganando cada vez más fuerza y consenso en los más variados sectores de la sociedad argentina. El valor de la constancia, de la convicción y de la coherencia, subsumido en esa tríada que es hoy un símbolo mundial de la defensa de la dignidad humana: Memoria-Verdad-Justicia. En Chaco, finalmente la verdad histórica irrumpió en los estrados judiciales con las causas Caballero (Brigada/Alcaidía) y Masacre de Margarita Belén. Hacer memoria y reflexionar sobre las nefastas consecuencias sociales del terrorismo de Estado tiene una implicancia fundamental en el rumbo de nuestro presente, y es necesario para frenar este resurgimiento del autoritarismo y la violencia política y económica y para generalizar y extender las conquistas de más y mejores derechos para todos los seres humanos.