“Está el cuerpo nomás. No siente, no sabemos si ve o escucha”. El relato sale de la voz firme, pero apesadumbrada, de Sergio Funes, quien trata de poner en palabras lo que es vivir día a día, desde hace cuatro años y medio, junto a su esposa, la exconcejala María Alejandra Carballeira, la mujer que permanece en estado vegetativo irreversible como consecuencia de una cirugía estética que había decidido practicarse a mediados de 2008 en la clínica Siemac de Resistencia.
De repente, la familia conformada por las hijas de ambos, Carmen de 12 años y Rosario, de 14, debió asumir en su propio seno una situación a la que tuvieron que amoldarse y de la cual aprenden todavía a diario. Es que la exfuncionaria municipal pasa sus días en una habitación especialmente reformada para hacer un poco más confortable su pasar y se encuentra permanentemente asistida por profesionales de una empresa que presta este tipo de servicios al Fondo de Alta Complejidad del Insssep, la obra social que le ofrece cobertura. Un día trágico Era el 23 de julio de 2008 cuando Marilyn como todos la llaman- se sometió a una cirugía estética en la clínica Siemac, de Monteagudo 270 de la capital chaqueña. Durante la intervención llevada a cabo por el cirujano Jorge Díaz García (fallecido hace pocas semanas) y el anestesista Héctor Fabián Meza, la dirigente sufrió un paro cardiorrespiratorio que la dejó tal cual permanece ahora, en estado vegetativo. “Marilyn está en estado vegetativo. No está conectada a ningún aparato; sólo tiene colocada una sonda gástrica. Creo que, de alguna manera, todos tenemos asumida la muerte porque en algún momento sabemos que nos toca; pero no tenemos asumido el estado vegetativo para un ser querido. Por eso es tan difícil explicar”, graficó Funes, y agregó: “Está el cuerpo nomás. No siente, y tampoco sabemos si ve o escucha”. Pocos meses después de la operación, el 27 de octubre de ese año 2008, Carballeira fue trasladada al Instituto Fleni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para someterla a un proceso de rehabilitación en la búsqueda de alternativas que le procuraran una mejoría. Pero no hubo cambios significativos y la concejala fue trasladada nuevamente a su domicilio, en Resistencia. “Antes que volviera, en el 2009, adecuamos el que era el living de la casa como un tipo de habitación de una terapia intensiva, con un baño especial para silla de ruedas, con aire acondicionado frío-calor, y espacios para el ingreso de una camilla; es decir, con todas las medidas necesarias para contenerla allí”, relató Funes ante NORTE. Esa adecuación fue sugerida por la empresa de salud que le prestaría atención desde entonces y hasta estos días, perteneciente al Fondo de Alta Complejidad de la obra social provincial, que le ofrece atención domiciliaria a través de un enfermero disponible durante las 24 horas. “Desde el primer momento el Insssep se portó muy bien con nosotros. Incluso incorporaron la patología de Marilyn porque no existía en el Fondo. Hicieron una reunión de directorio”, recordó, al tiempo que también tuvo palabras de agradecimiento hacia el exintegrante del organismo, Oscar Arévalo. En ese contexto, Funes consideró que la negligencia de los médicos de la clínica privada terminó por ocasionar “un daño a la obra social, porque (los demandados por la atención de su esposa) son gastos innecesarios que estamos pagando todos los socios”. Decisión acertada Más allá de esa realidad con la que convive a diario, Funes sigue la lucha por la resolución de la causa y se esperanza con ver a los responsables rindiendo cuentas ante la justicia. Por eso valoró la decisión de la jueza a cargo del Juzgado Correccional N˚ 1 de Resistencia, Ligia Duca, quien ordenó días pasados la detención en Buenos Aires del anestesista Héctor Meza. “Me parece acertada la decisión porque no puede ser que estemos viviendo a expensas de la voluntad de Meza, que se está burlando de toda la justicia”, enfatizó. En ese sentido lamentó que el anestesista presentara un certificado médico extendido por un compañero de trabajo para seguir dilatando los tiempos del juicio oral. “Después de haber presentado ese primer certificado, le pidieron los estudios médicos y no presentó ninguno. Además, los médicos enviados por la justicia no lo encontraron en su domicilio”, repasó Funes. Ante ese panorama, reveló que el pasado 3 de enero fueron sus abogados, Nelson Pessoa y Juan Carlos Yagueddú, quienes presentaron un escrito ante la jueza Duca solicitando que libere la orden de captura y pidiendo una nueva fecha para las audiencias iniciales. En aquella primera ocasión, el abogado defensor de Meza, Jorge Alcántara, había presentado a la justicia un certificado médico con diagnóstico de “lumbociatalgia aguda”, diagnóstico que demandaba siete días de reposo para el acusado. Sin embargo, tras el pedido del Juzgado chaqueño al juez de rogatoria de San Isidro, Buenos Aires, para efectuar un examen médico al imputado, surgieron una serie de elementos que impidieron comprobar la verosimilitud del estado de Meza: ni existían los estudios complementarios ni era paciente del Hospital Privado Modelo, de donde surgió el certificado médico. “Meza mintió en el 2008. Entonces, ahora por qué no volvería a mentir”, se preguntó Funes. “Si es como él dice, que no tenía nada que ver y que fue algo del destino, por qué no aparece”, planteó. “Estamos esperando justicia hace cuatro años y medio. Queremos un juicio justo y creemos que llegará”, concluyó. Tras proceder a la detención del anestesista y una vez puesto a disposición de la justicia chaqueña, la magistrada deberá fijar nuevas fechas para iniciar el juicio oral, cuyas primeras audiencias habían sido establecidas para mediados de diciembre pasado.