Este Gobierno hizo de los derechos humanos una política de Estado
El ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini encabezó este lunes un encuentro con referentes de movimiento sociales de la provincia para analizar las causas judiciales por apremios ilegales iniciadas en algunas dependencias policiales.
El ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini encabezó este lunes un encuentro con referentes de movimiento sociales de la provincia para analizar las causas judiciales por apremios ilegales iniciadas en algunas dependencias policiales. En la oportunidad, ratificó que “este Gobierno provincial hizo de los derechos humanos una política de Estado, con acciones concretas y la puesta en marcha de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo”.
“Este accionar es intolerable para un Gobierno que promovió un Comité para la Prevención de Torturas y Apremios Ilegales en lugares de encierro, la Ley de Seguridad Democrática; un defensor del Pueblo, una Secretaría de Derechos Humanos”, resaltó. De esta manera, remarcó la importancia de las capacitaciones sobre derechos humanos a personal de la Policía del Chaco para la sensibilización y prevención de este tipo de accionar.
No obstante, aclaró que una vez que el hecho es denunciado, la causa pasa a la Justicia para investigar y determinar la culpabilidad. “Desde el Gobierno, debemos ser cautos porque no nos corresponde culpar a nadie, sólo podemos ponernos a disposición de la Justicia para colaborar con las herramientas y los documentos necesarios durante la investigación”, explicó
Estuvieron presentes los subsecretarios Mauro Flores (Seguridad Pública y Participación Comunitaria) y Roberto Lugo (Gobierno), y referentes organizaciones y movimientos sociales y de diferentes partidos políticos como el CUBA, 17 de Julio, FOB, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Clasista Combativo (MCC), Movimiento 20 de Diciembre, , Proyecto Sur, Partido Obrero, PCR, entre otros.
Continúa la investigación Judicial
Pedrini recordó que una vez conocidas las denuncias, desde el Poder Ejecutivo, se siguió los pasos de separar de sus cargos a las personas acusadas. “Ahora bien, no es el ministro, ni secretario de Seguridad, ni el gobernador el que puede definir si hubo o no apremios, sino sólo la Justicia”, aclaró.
“Creemos que la Justicia debe actuar de acuerdo a lo que corresponde en un sistema democrático, que es de manera independiente. Desde el Ejecutivo provincial, esperemos que el peso de la ley caiga con rigor sobre aquellos que hayan violado los derechos humanos”, resaltó.
En este sentido, ratificó que de confirmarse por vía judicial la culpabilidad en casos de violaciones a los derechos humanos de personal policial, serán “exonerados” de la institución.