El poder central mueve sus hilos para avanzar sobre el Poder Judicial de Corrientes. Fueron citados a dar explicaciones el Fiscal General y el Presidente del Superior, quien ya anticipó a sus pares que no se someterá al examen del Senado. Para el Gobierno de Corrientes la estocada no es más que "un apriete". Hay decisión de resistir. Ayer mostraron los dientes con una multitudinaria demostración de fuerza en Costanera Sur en repudio al posible avance federal. Colombi dice estar dispuesto a jugar todo lo fuerte que sea necesario en lo que ya no es una pelea electoral, sino una disputa de poder que se libra en varios frentes yuxtapuestos y que seguramente no se agotará con la elección. Puertas adentro de la Justicia hay real preocupación. Otro capítulo de la disputa se da en el seno del histórico Partido de Torrent. Ayer, desde la sede de Boca Unidos el cassanismo prometió lucha y dijo estar convencido que la Cámara Electoral volverá a darles la razón. Apuntan a que se confirme la prórroga de los mandatos y de mínima al cambio del Interventor. En la Legislatura se esperan novedades. El fiscal Buenaventura Duarte dio vía libre, desde el Ministerio Público, a la re-re de los intendentes cuya habilitación recién se daría en el ámbito del Superior Tribunal entre el 9 y el 13 de agosto. El miércoles venidero vence el plazo de las alianzas nacionales para las PASO cuya realización está en un cono de dudas.
Ma política nacional presenta una multiplicidad de incógnitas, pero algunas certezas. El conflicto entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial adquiere ya características de una escalada que alcanzó un punto de no retorno. La sucesión de fallos sobre la inconstitucionalidad de la ley de reforma al Consejo de la Magistratura y la reglamentación de las medidas cautelares, que adquirirá una nueva y contundente exteriorización a través de un inminente pronunciamiento de la juez federal electoral María Servini de Cubría, permite descartar definitivamente la posibilidad realizar la elección popular de los futuros integrantes de ese organismo, simultáneamente con los comicios legislativos. Esto significa que la reacción de la corporación judicial frustró la materialización de dos objetivos gubernamentales. Uno, de naturaleza estructural, es el avance hacia la "democratización de la Justicia". El otro, de carácter inmediato, pero igualmente de enorme importancia, la vía para nacionalizar las elecciones del 27 de octubre a través de la obligación de presentar listas en una elección con distrito único, en la que la grilla del Frente para la Victoria llevaría todas las de ganar, con independencia de sus probables derrotas en varios distritos importantes, como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Resulta impensable que Cristina Kirchner permanezca impávida ante semejante desenlace. Cabe prever, entonces, que el punto y momento, seguramente próximo, en que la Corte Suprema de Justicia ratifique alguno de estos pronunciamientos judiciales de primera instancia será, a la vez, el inicio de una nueva fase de esta confrontación. No se descarta que el más alto Tribunal de la Nación desempolve una jurisprudencia del año 92, cuando sin resolver la cuestión de fondo dictó una cautelar en la causa promovida por el préstamo de 70.000.000 de pesos contraído por la entonces interventora de Corrientes, Claudia Bello, cuestionado por la Legislatura provincial mediante una presentación que fue acogida por la Corte que, aun siendo por entonces menemista, rubricó con la firma de sus nueve miembros la cautelar postergando la decisión para después. Existe hoy por hoy la presunción de que el Gobierno, si la Corte le pone límites, impulsará entonces el proyecto de ley de ampliación del número de integrantes del Tribunal tal cual propuso muy recientemente Eugenio Zaffaroni, el magistrado del máximo Tribunal políticamente más allegado al Poder Ejecutivo. En términos prácticos, el Gobierno estaría en condiciones de hacer aprobar esa iniciativa con cierta facilidad en el Senado y, aunque con ciertas dificultades para conseguir quórum, en la Cámara de Diputados. Escandaletes mediáticos aparte, la ley sería sancionada, incluso con la celeridad en los plazos que el Gobierno necesita, esto es, antes de las elecciones. El problema estriba en que no tendría los dos tercios de los votos constitucionalmente necesarios para lograr el acuerdo del Senado para los nombres de los hipotéticos futuros miembros de la Corte. Podría suceder entonces algo parecido a lo que ocurre con la Ley de Medios y las leyes de reforma judicial: la aprobación parlamentaria no alcanzaría para su efectivización. La trascendencia de la cuestión involucra una infinidad de temas, hoy trabados por la actual composición de la Corte. El primero es la Ley de Medios; el segundo es la posibilidad de una reforma judicial de fondo; y la tercera, no mencionada por nadie, pero temida por algunos círculos de la oposición política, es una hipotética Corte "adicta" al Poder Ejecutivo que pudiera encontrar algún vericueto legal para habilitar la re-reelección presidencial sin una previa reforma constitucional, que el actual escenario electoral obligaría ya virtualmente a descartar como alternativa.
LOS JUEGOS ALTERNATIVOS
La re-reelección presidencial aparece más difícil que nunca. Esto obliga al Gobierno a imaginar planes alternativos, aunque naturalmente dicha necesidad no vaya a ser jamás admitida en los despachos oficiales, porque ese reconocimiento sería leído como un gesto de debilidad que, con toda razón, es lo único que no está dispuesta a hacer Cristina Kirchner. Un efecto paradójico de este panorama es que acentúa la tendencia a la dispersión de los opositores. Es bastante lógico: un conglomerado políticamente tan variado y heterogéneo sólo puede converger a partir de la famosa frase del inmortal Jorge Luis Borges: "No nos une el amor, sino el espanto". A la inversa, a menor espanto, menos unión. Esta constatación no sólo se da en la oposición, sino dentro del propio oficialismo, en el que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el intendente de Tigre, Sergio Massa, que son los dos dirigentes que aparecen más interesados en postularse para la sucesión presidencial en 2015, se recelan entre sí tanto o más que lo que les ocurre con la Casa de Gobierno. De hecho, ambos hacen política observando con un ojo lo que hace Cristina Kirchner y con el otro los pasos de su eventual competidor. Esta particularidad hace que la primera mandataria pueda extraer, dentro de su situación de debilidad relativa, una inesperada fortaleza en la explotación de las rivalidades en la oposición y entre sus potenciales delfines indeseados. En el campo opositor, este fenómeno se refleja nítidamente en las dificultades suscitadas para la materialización de la alianza electoral entre el peronismo opositor y el PRO. El principal freno proviene de Mauricio Macri, quien teme diluirse en la "interna" peronista", y especula con la posibilidad de terciar entre el peronismo disidente y el radicalismo. En Córdoba, por ejemplo, la figura del ex árbitro de fútbol, Héctor Baldassi puede ser el fiel de la balanza en la equilibrada disputa exhibida en las encuestas entre el ex gobernador, Juan Schiaretti, candidato de José Manuel De la Sota, y el diputado Oscar Aguad, uno de los dirigentes radicales de mejor diálogo con el Jefe de Gobierno porteño. Demás está decir que una eventual derrota electoral del peronismo en Córdoba enterraría los sueños presidenciales de De la Sota, y que esa hipótesis no puede sino seducir a Macri. En Entre Ríos, la figura de Alfredo De Ángeli, apadrinado por Macri, puede también favorecer o sepultar las chances del radicalismo y del peronismo disidente, liderado por el ex gobernador, Jorge Busti, de lograr el segundo puesto, lo que implica la tercera senaduría, detrás de la lista impulsada por el gobernador, Sergio Uribarri, cuya victoria nadie discute. Esto implicaría que, así como en Córdoba, Macri podría ayudar a definir el ganador entre el peronismo disidente y la UCR, en Entre Ríos podría arbitrar entre esas dos mismas fuerzas para determinar cuál de ambas saldría segunda. En sentido inverso, De la Sota pretende que el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna confronte con Gabriela Michetti por la senaduría porteña, con la intención de reducir el caudal electoral del "macrismo" en su propio bastión, para devolverle la "atención" que Macri pretendería propinarle en Córdoba. Quien no parece demasiado convencido de esa alternativa es el propio Lavagna, quien preferiría acordar con Macri, lo que supondría "tener la vaca atada", sin tener que "pintarse de amarillo, como le exigen sus interlocutores en el PRO. A lo sumo, el ex Ministro se animaría a lanzarse en tándem con Massa. Por su parte, el Intendente de Tigre deshoja la margarita. A esta altura de los acontecimientos, la posibilidad de no jugar en las próximas elecciones le implicaría un serio retroceso político. Las expectativas defraudadas pueden representar una lápida para sus futuras aspiraciones personales. En ese contexto, la opción de apadrinar una lista, encabezada por su esposa, Malena Galmarini, o por el ex gobernador, Felipe Solá, no parece para nada seductora. La experiencia revela que el carisma personal no se trasmite. Una lista semejante podría terminar en tercer o hasta cuarto lugar, detrás del Frente para la Victoria, de la coalición que lidera Francisco De Narváez y hasta de la nómina encabezada por Margarita Stolbizer. Viene de la página 5 Si bien el suspenso se mantendrá hasta último momento, las apuestas de muchos de los observadores se dirigen hoy a que Massa será finalmente candidato. En tal caso, el problema no sería solamente para Cristina Kirchner, sino también para el propio Scioli, que hasta ahora intenta permanecer en un doble juego, entre el acatamiento formal a la disciplina partidaria; por un lado, y un apoyo cada vez menos subterráneo a De Narváez, por el otro.
LA GRIETA SE PROFUNDIZA
El discurso de la Presidenta en Lomas de Zamora, con mensajes cifrados, y no tanto hacia el gobernador Daniel Scioli, pareció ser un antes y un después. En realidad, fue descorrer el velo de una situación en ebullición que ambas partes ocultaban para preservar la imagen del oficialismo en general antes de las elecciones.
Como se venía adelantando en anteriores informes, es cierto que hay una sociedad, no reconocida públicamente, entre Scioli y De Narváez para que el primero coloque ciertos candidatos a cambio de una "oposición responsable" de parte del "colorado", sólo a escala provincial. La figura del hermano José "Pepe" Scioli en las filas de De Narváez no es una simple anécdota, sino que se ha convertido en un verdadero "enlace", llevando y devolviendo mensajes y favores entre ambos sectores políticos. Como si faltara algún detalle, fue muy comentado un posible pase del ex director de Loterías, Franco La Porta, hacia las filas de De Narváez. Esto se suma al pase, hace dos semanas, de Baldomero Álvarez y Osvaldo Goicoechea al mismo sector. Se conocen, además, los comentarios en la intimidad muy favorables de De Narváez hacia Scioli y las coincidencias, sobre todo en relación con un escenario a futuro. Esto es, transitar un camino hacia 2015 que lo tenga al Gobernador posicionado para la Casa Rosada, dejando al empresario la exclusividad para la batalla para la Gobernación. El kirchnerismo, según algunos confidentes, no se "come el amague", como se suele decir en el fútbol, y a tales "pases" se les da el significado de una "guerra" desde el sciolismo hacia el cristinismo, pero por otros escenarios y parámetros. En ese marco habría que entender la furia de la Presidenta en el último discurso. No le alcanzaron los actos de las líneas sciolistas, por caso la DOS, donde se remarcaba la fidelidad hacia el proyecto nacional. O las declaraciones del jefe de Gabinete, Alberto Pérez, donde se postulaba la lealtad. Pero es cierto que, según los kirchneristas ortodoxos, la lealtad "práctica", como defensa de Cristina ante ciertos ataques, no se percibe desde 2008, en oportunidad del conflicto del campo. Ante gravísimas denuncias por corrupción, lo único que se vio de Scioli fue la firma de una declaración en el Consejo del Partido Justicialista, pero ninguna intervención como uno de los principales escuderos del cristinismo. Eso no ha ocurrido y, para colmo, cuando el Gobernador opinó sobre temas nacionales, fue para referirse a la necesidad de "escuchar a la gente" que protagonizó los cacerolazos de abril último.
MASSA SE LARGA, SIN MOSTRAR TODAS SUS CARTAS
El intendente de Tigre, Sergio Massa, finalmente habría decidido no dilapidar un capital político importante que, según presume, puede perder si se abstiene en los comicios de octubre. Como líder de un Frente Renovador, junto a intendentes que provienen de distintos sectores, habría resuelto un armado propio. Sin embargo, es un misterio que se develará tal vez en los próximos días, si ese armado se hace por dentro o por fuera del kirchnerismo. La cuestión es vital. En el primer caso, puede ser una suerte de jugada para negociar la conformación de listas, tal vez cara a cara con Cristina. La segunda implicaría, claro está, una declaración de guerra hacia el oficialismo. Lo cierto es que esta decisión para nada agrada ni al gobernador Daniel Scioli, ni a Francisco De Narváez. Ambos habían soñado un triunvirato con el jefe comunal, ante una hipótesis de ruptura. Sin embargo, y tal como se viene señalando en informes anteriores, Massa ve a Scioli más como un obstáculo y un competidor que como un aliado; y cree que llegará la hora de demostrar quién es el hombre fuerte en la Provincia. Por el momento, mandó a hablar a algunos legisladores y jefes comunales que le siguen. Sus portavoces ensayan una suerte de discurso híbrido, pletórico de metas y deseos compartidos por el común de la dirigencia política. Pero ocultan todo tipo de críticas al Gobierno nacional. Tal vez se permiten un recurso por el cual piden una suerte de "actualización" de algunos objetivos, pero sin disparar munición gruesa hacia la Presidenta. Por el momento, está actuando su estructura en distintos puntos de la Provincia. En La Plata y en la Segunda Sección electoral se realizaron plenarios donde se pudieron observar a todo ritmo al ex senador Juan Amondarain, al jefe comunal de Rojas, Martín Caso y al diputado provincial, Jorge Solmi. Pero son varios los legisladores que se han sumado en los últimos meses, generando presencia territorial e institucional.
NUEVAMENTE LAS FINANZAS EN AGENDA
No fue un dato menor el comentario que dejan trascender desde la dirigencia sciolista acerca del real estado de las finanzas bonaerenses. Lo último que se conoció es la necesidad de emitir nuevos empréstitos vía emisión de letras del tesoro. Todas las emisiones tienen autorización de la Legislatura. Sin embargo, y tras el discurso de Cristina en Lomas, se teme que el Ministerio de Economía nacional quiera bloquear tales empréstitos. Si se da esa situación, algún funcionario deslizó la posibilidad de emitir bonos para pagar salarios, denominados humorísticamente como "sciolines". Todo se interpretó como una suerte de operación de mensaje cifrado hacia Cristina. Más allá de la suerte de esta vía de financiación, vale recordar el anticipo que se viene haciendo en los pasillos provinciales de congelar todo tipo de inversión y pagos a proveedores que no sean estrictamente necesarios y prioritarios. La Provincia tiene prácticamente desvirtuado su presupuesto, dicen los legisladores que han "hilado fino" en los estudios financieros. Señalan que en este ejercicio se gastarán 75 mil millones de pesos sólo en salarios. A eso hay que añadir la deuda pública, con vencimientos calculados en cerca de ocho mil millones. El resto, señalan, son partidas que se usarán para "apagar incendios". Esto es, concentrar fondos para problemáticas agudas que requieran urgente solución. Las dudas sobre la estabilidad financiera de la Provincia alimentan la incógnita acerca del futuro.
¿Y LA CAPITAL?
Primero fue el anuncio del decreto para garantizar la libertad de prensa en la Ciudad en medio de las versiones periodísticas de una intervención del Ejecutivo nacional al diario Clarín. La semana pasada llegó la presentación del nuevo índice de precios porteños como contracara de las devaluadas mediciones del Indec. La estrategia del PRO es marcar agenda con un anuncio cada diez días para mostrarse como una alternativa concreta de gestión al kirchnerismo. Viene de la pagina 7 Ese lineamiento constituye la principal recomendación que Jaime Durán Barba le acercó a Mauricio Macri, con el convencimiento de que la campaña porteña le ofrece al Jefe de Gobierno una oportunidad única para marcar distancias del resto de la oposición y comenzar a dar forma a un proyecto presidencial propio. Para el asesor macrista, el desafío del mandatario capitalino se concentra en barrer con el estigma de que toda la oposición es lo mismo y plantarse ante la opinión pública como un dirigente con capacidad de imponer agenda propia y romper con la lógica que pretende imprimir la Casa Rosada a la realidad política. "No podemos correr siempre atrás de los anuncios de Cristina", sintetizaron aquellos encargados de bajar el consejo de Durán Barba entre la primera línea del PRO. Las principales espadas de Macri se abocaron por completo durante las últimas semanas al diseño de la ingeniería necesaria para avanzar con esa estrategia y se mostraron satisfechos con la repercusión inicial en la arena política de los primeros dos anuncios del mandatario porteño. Ahora, mientras diagraman los próximos pasos, aguardan con expectativa medir el impacto de sus movimientos en la opinión pública. Varias son las razones por las que el macrismo se muestra convencido de las bondades de colocar la pulseada electoral porteña en la dimensión del enfrentamiento directo con el Gobierno nacional. El primer elemento se vincula puntualmente con la figura de Roberto Lavagna. Tras las fracasadas negociaciones que llevó adelante con el ex Ministro de Economía para intentar cerrar un acuerdo electoral de cara a octubre, Macri y su tropa creen cada vez más improbable que Lavagna mantenga su postulación para dar la pelea por las bancas del Senado que le corresponden a la ciudad. Según los últimos sondeos de opinión que recibieron en el PRO, sin un acuerdo con el Jefe de Gobierno la candidatura de Lavagna apenas araña un 10 por ciento de la intención de voto porteña, quedando muy lejos de la disputa en serio por el liderazgo político del distrito. Esos mismos números ofrecen un segundo elemento que potencia la estrategia macrista de concentrar los esfuerzos en el enfrentamiento directo con la Casa Rosada. Pese al deterioro de la imagen de Cristina Fernández en los últimos meses, el kirchnerismo mantiene un núcleo duro de adhesiones en la Ciudad que redondea cerca de un 24 por ciento de intención de voto, suficiente para ubicarlo en la línea de largada por la pelea mayor en la Ciudad. Cerca de Macri descuentan que otra vez la boleta K para la Cámara alta llevará el nombre de Daniel Filmus, el dirigente oficialista que concentra la mayor cantidad de simpatías en la Ciudad. La misma sensación sobrevoló la conversación que la Presidenta compartió días atrás con un grupo de estrechos colaboradores: a pesar de que la figura del ex Ministro de Educación sigue sin entusiasmarla, los números de todas las mediciones confirman que hoy por hoy es su mejor opción en el distrito. La nominación de Filmus pondría fin a la interminable lista de experimentos electorales que exploraron los laboratorios kirchneristas en los últimos meses y que incluyeron desde el titular del Afsca y referente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien finalmente podría recaer al frente de la lista para la Cámara de Diputados, pasando por algunas figuras del elenco gubernamental, como Axel Kicillof y Mercedes Marcó del Pont, y hasta personalidades del ámbito del espectáculo. La previsión macrista de una pulseada vis a vis con la Casa Rosada también se retroalimenta por la creciente fragmentación del resto de las fuerzas políticas con cierto predicamento en el territorio porteño, un proceso que se profundiza a medida que se va instalando el clima preelectoral. Para muestra basta un botón. Después del primer cisma que provocó dentro de Proyecto Sur y en la Coalición Cívica el acuerdo de sus líderes, Fernando "Pino" Solanas y Elisa Carrió, para conformar una oferta electoral conjunta, las divisiones dentro de ambos espacios continuaron escalando. A la par, algunas encuestas evidenciaron desde mitad de mayo un deterioro de la performance electoral de ese frente, que inicialmente parecía posicionarse con fuerza, en especial a partir de la mediatización de las denuncias de Carrió respecto a los supuestos vínculos del matrimonio Kirchner con maniobras de lavado de dinero, atribuidas al empresario santacruceño Lázaro Báez. Como una nueva muestra de los problemas que surcan esa alianza, la semana pasada se terminó partiendo el bloque de Proyecto Sur en la Legislatura porteña, en medio del debate del proyecto de ley impulsado por Macri para garantizar la libertad de expresión en el distrito. El escándalo incluyó la acusación concreta a Pino y Carrió de haber negociado en secreto un acuerdo con el Jefe de Gobierno de la Ciudad.
ESCENARIO PROVINCIAL
Una prolongada ausencia de la Provincia de este columnista obligó a una pausa en el análisis en función a la necesidad de mantener la vivencia y objetividad de las cosas que suceden, han sucedido, y fundamentalmente de las que se esperan para los tiempos venideros. La responsabilidad editorial obliga, por respeto al público lector, siempre a chequear la información en un ejercicio cruzado impuesto por la experiencia y la necesidad de responder objetivamente a la confianza depositada en este medio en el que el desafío del columnista, antes que nada, es el análisis y la visión objetiva de lo que sucede, no de lo que quiera que suceda. Hoy retomamos el trabajo en un tiempo difícil en el que se agitan las pasiones como consecuencia de una disputa electoral que promete estar para alquilar balcones, y en la que el propio Gobierno nacional se juega mucho en la medida en que, por primera vez en muchos años, los resultados de Corrientes tendrán un inevitable efecto en la escena política nacional. Menos de cien días quedan para las elecciones del 15-S. Habrá que esperar hasta el miércoles para conocer la política de alianzas que las distintas fuerzas tendrán de cara a las elecciones Primarias, que aunque su realización está en duda, el dar vuelta las cartas de las alianzas y los candidatos servirá para el análisis de cómo viene la mano. Y en lo que hace a Corrientes, cuál es la tendencia de alianzas para las provinciales más allá de que alguna vez se dio, no hace mucho, acuerdos distintos en una y otra elección. LA PELEA LIBERAL
La decisión del juez, Juan Carlos Vallejos, decretando la intervención del liberalismo no sorprendió en la medida en que era, desde hace tiempo, un secreto a voces que una decisión de esta naturaleza se produciría casi inmediatamente al vencimiento de los mandatos. Sí quizás sorprendió la designación del interventor, en la medida en que el mismo era al momento de su nominación el Vicepresidente 1º del partido, y pertenecía a una de las partes en el conflicto aún irresuelto. Los mayores perjudicados en esta disputa entre josefinistas y cassanistas serán los intendentes del partido de la banderita, algunos de los cuales corren serios riesgos de perder el control de sus comunas en función al voto dividido de las bases celestes. Es que en los pueblos las elecciones son habitualmente muy reñidas. Muchas veces se gana o se pierde por muy pocos votos, y la no contención de todo el partido termina poniendo en riesgo el mantener la casa en orden. Como contrapartida está la posibilidad de que esta nueva y recurrente disputa en la cúpula liberal termine por darle a este sector del conservadorismo mayores espacios legislativos que los que por votos le corresponderían. Un interrogante abierto es el posicionamiento de ambos sectores en las listas nacionales. La definición de las alianzas el próximo miércoles mostrará los términos en los que finalmente acuerde el PL del sello su integración al Frente para la Victoria, que desde el otro sector anticipan desde hace tiempo, pero que recién ahora, al vencer el plazo, quedaría en evidencia. Los que conocen a Josefina Meabe señalan que, más allá de los costos políticos, sin duda sopesados a la hora de las decisiones, la «Dama de Hierro» no dará puntada sin hilo, mostrando la singular capacidad que ha tenido para llegar a sumar en algún tiempo hasta diez bancas en ejercicio para el Partido de Torrent. Ayer, el sector de Cassani volvió a mostrar fuerza en el acto de Boca Unidos en Costanera Sur. Se pasó revista a la tropa y se la arengó para el tiempo que se viene. Los seguidores del líder goyano apuntan a volver a tener resultados favorables en el ámbito de la Cámara Electoral Nacional, para revertir decisiones de primera instancia. Algo está claro, y es que los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política, aunque en esto el máximo Tribunal del fuero Electoral tiene sobrada experiencia como para que las decisiones no se tornen ilusorias y las arbitrariedades -si las hubieran- se corrijan en tiempo y forma, muchas veces con una urgencia que, a más de uno, sorprende. Los expedientes que circulan, que son muchos, en cada turno electoral y que provienen de los 24 distritos electorales del país tienen -en sus solapas- el orden de las prioridades para su despacho, con un orden que sorprende y que es propia de un Tribunal con aquilatada experiencia donde sus miembros gozan de una elevada reputación que los ubica fuera de toda línea de sospecha.
DIMES Y DIRETES EN TORNO A LA JUSTICIA
Hace nueve meses EL LIBERTADOR anticipó que la Justicia de Corrientes estaba en la mira del poder nacional. Advirtió la perentoria necesidad de que funcionen los resortes institucionales para evitar males mayores. Puso de manifiesto que la situación era de una notable gravedad institucional y que ameritaba soluciones de fondo para evitar que el poder central quede obligado a intervenir para garantizar el servicio de justicia. El tiempo pasó. Los actores institucionales no dieron oportunas respuestas. La Legislatura pareció no tomar en serio su propia responsabilidad dando curso a los pedidos de juicio políticos que, al no ser tratados, mostraron un virtual bloqueo institucional que es algo más que una señal amarilla como que la crisis excede ya al ámbito de la Justicia. Ahora, el Senado entró a analizar el caso Corrientes. Todo indica que hubo una bajada de línea muy concreta desde la Casa Rosada para que se den pasos ciertos. Aun así nadie puede asegurar que la decisión está tomada y que la sangre llegue al río. Los voceros del núcleo más duro del cristinismo aseguran que hay decisión de llegar hasta el hueso. En el Gobierno de Corrientes se piensa que no es sino un apriete, y que el poder central quedará en el amago, aunque admiten que quizás lleguen a la media sanción del Senado. Carlos Rubín, el titular del Superior tiene una posición quizás más dura, aun que la del propio Colombi. Decididamente no está dispuesto a someterse a un examen por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Anticipó a sus pares que la convocatoria no se ajusta a Derecho. Menoscaba -según él- no sólo la condición de juez, sino que afecta además la autonomía de un Estado provincial. En este marco, ayer hubo una multitudinaria movilización de repudio que sólo pudo cristalizarse merced al generoso soporte del Gobierno provincial decidido a quemar las naves. Según Colombi, el poder central terminará retrocediendo al ver la firme determinación de los correntinos; en los hechos, expresión de una parcialidad. Habrá que ver si las formas elegidas no disparan una reacción contraria a la pretendida. A Cristina, si hay algo que no le gusta es que le toquen la oreja. En otros tiempos, el Gobierno federal tuvo que volver sobre sus pasos. Fue en la madrugada del 14 de agosto de 1992, cuando por indicación del propio Carlos Menem, se rompió el Decreto 1.448 ya firmado, que disponía la intervención a la Legislatura de Corrientes. O fue el 22 de febrero de 1993, cuando el Poder Ejecutivo rubricó un nuevo decreto disponiendo que se deje sin efecto la intervención al mismo poder dispuesta 33 días antes por el mismo gobierno, que luego la dejó sin efecto en medio de sutiles presiones propias del juego de intereses que caracterizan la disputa por el poder. La movilización de ayer recordó a la llamada contramarcha del ’99, cuando el tatismo pretendió con ingenuidad replicar a una movilización anterior juntando -desde toda la Provincia- cerca de 80.000 personas. Olvidó entonces que la pelea que se daba no se ganaba sumando cantidad de gente, sino restando al menos un voto a los 18 que había logrado la oposición. La clave, entonces, estaba en Mario López. Una sola voluntad, un solo voto, una sola persona que hubiera impedido lo que terminó siendo inevitable, pero muestra la importancia de definir el real escenario donde se libra el combate, y de saber qué puerta golpear, cuándo hacerlo, y por medio de quién. El repaso de los tiempos, y de las formas en esta pelea -con varios frentes yuxtapuestos- parece determinante a la hora de los aciertos y los fracasos. No parece haber espacio para la improvisación; y vale tanto para un sector como para el otro.
EL FANTASMA DE LA PROSCRIPCIÓN
En medio de la disputa intervencionista se coló la polémica en torno a una eventual proscripción del candidato peronista. Desde el Gobierno se respondió con fina ironía. Si a Camau no lo dejan ser candidato por su situación procesal, el propio Colombi prometió bajarse de la candidatura mayor. En los hechos, una polémica sin sustancia. No proscribe quien quiere, sino quien puede. Y hoy por hoy ni Colombi, ni la Justicia correntina está en condiciones de proscribir al candidato del Frente para la Victoria. La Constitución, que de ella se trata, en su articulado no tiene previsiones que hagan posible una medida de esta naturaleza, con el antecedente de que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ya oportunidad de interpretar su plexo normativo. Lo hizo en dos oportunidades. Fue en el ’95, con el caso Abib; y en 2001, con la candidatura de Raúl Romero Feris. En ambas situaciones avaló lo actuado por el Superior Tribunal de la Provincia de Corrientes y dejó en claro que el procesamiento no impide ser candidato. Por lo demás lo que dispone el artículo 224 de la Constitución reformada; no es un impedimento de esta naturaleza, sino la suspensión en el cargo de Intendente ante una eventual confirmación del procesamiento por parte de la Cámara de Apelaciones, una disposición que en el caso del Intendente de San Roque no se viene cumpliendo.