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Por medio de un proyecto de ley 2205/13
Miércoles, 19 de junio de 2013
Proponen enmienda de la Constitución a la Justicia de Paz y de Faltas
Por medio de un proyecto de ley 2205/13, promovido por los diputados Maria Lidia Cáceres y Eduardo Carballo, propician enmendar el articulo 159 de la Constitución Provincial 1957-1994, agregando un párrafo en cuyo texto -de ser respaldada la iniciativa- quedará incorporado: “Los jueces de Paz Titulares y Suplentes, serán elegidos en forma directa y a simple pluralidad de sufragios. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos. Serán removidos, cuando incurrieren en algunas de las causales previstas en el párrafo primero del artículo 154 de esta Constitución”.



Paralelamente propicia establecer una cláusula transitoria para determinar que: “La enmienda prevista, será aplicable en aquellos casos en que se produzcan vacancias en los distintos Juzgados de Paz; cuando los Jueces de Paz deban ser reelectos en sus funciones, y/o en caso de creación de nuevos Juzgados de Paz”.



La justificación



En algunos de los párrafos del abundante fundamento que expusieron los legisladores vale remarcar que consideraron que “en cuanto a la presente iniciativa, la misma es de gran relevancia en el campo institucional, y pretende brindar mayor transparencia en el ámbito judicial. Actualmente, los ciudadanos tenemos solamente el derecho o facultad de elegir al Presidente de la República pero no a nuestros jueces de región, ni provinciales o distritales. Por ello se pretende, legitimar el sistema de justicia frente a los ciudadanos, restablecer el poder de la clase política, el poder judicial en particular y el sistema de justicia en general, abriendo nuevos desafíos para mejorar y renovar un sistema judicial haciéndolo más independiente, eficiente y accesible elementos imprescindibles para recuperar la seguridad jurídica como valor democrático”.



“La propuesta -aclaran- se dirige a crear una verdadera democratización de la justicia. Pues los últimos diagnósticos sobre los problemas del sistema judicial apuntan a la injerencia política en el sistema que provoca una desmesurada politización de la justicia y judicialización de la política, a la falta de políticas públicas comprensivas y eficientes en relación a la seguridad pública y a la violación de las reglas del debido proceso, cuando no al régimen universal de los derechos humanos”.



En ese aspecto recordaron que “la Constitución Provincial de 1951, ya preveía en su artículo 94 que los jueces titulares y suplentes fueran designados por elección y duraran 3 años en sus cargos. Reflejando la mayor dimensión participativa que el pueblo trabajador haya tenido en constitución alguna. Esta Constitución dejó de regir la provincia el 27 de abril de 1956 con motivo del golpe de Estado que derrocó a Juan D. Perón”.



“De esta manera proponemos -continúan- la participación de la ciudadanía de manera tal que tanto jueces, como abogados sean elegidos en base al artículo 38 de la Constitución Nacional, que consagra a los partidos políticos como el único camino por el cual se debe ejercer la democracia, descartando así toda politización de la Justicia”.



“La finalidad de la justicia de paz es garantizar el acceso a la justicia del ciudadano común - resaltan- reconocer el conflicto, implica conocimiento y sentido común, a fin de encontrar la mejor solución, conforme a derecho. De todo ello surge, la importancia que reviste el tratamiento e incorporación de la elección por el voto popular del Juez de Paz. Siendo necesario adaptar nuestras normas a los cambios que paulatinamente se vienen sucediendo en la sociedad. Pues el cambio en la Justicia de Paz, es inevitable y vamos hacia una justicia de Paz elegida por el voto popular, considerando la diversidad social, cultural, y jurídica de nuestra provincia”.

“La elección de lo mismos, será funcional y siempre garante de la absoluta transparencia, a fin de que los resultados traduzcan la libre y espontánea voluntad de la comunidad. En este punto -rescatan- como legisladores debemos promover la participación mayoritaria directa y democrática de los pobladores que radican en el área popular y geográfica de los Juzgados de Paz”.



“Nuestra provincia es pionera en materia de innovación jurídica -valoran- y tiene el perfil de una justicia más progresista, por ello es necesario ir avanzando en cambios significativos como la designación por el voto popular de los jueces de paz, el cual brindará una verdadera participación a los vecinos en la elección de las personas que van a regir sus destinos y a su vez permitirá crear un sentido de pertenencia del ciudadano con su comunidad, favoreciendo la democracia participativa, pues reiteramos el sistema electoral, que establece la presente norma, tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la libre expresión autentica, libre y espontánea de los ciudadanos”.



“La importancia en la figura de los jueces de paz radica en su función de servicio, la cual debe cumplirse con la dignidad que se les reclama, y con el objetivo de desarticular el conflicto rápidamente. Su máxima aspiración es la simple y sencilla recuperación de la paz social. La celeridad, inmediatez y eficacia en el proceso responden a la necesidad social” y en ese aspecto añaden que “se busca abrir la Justicia de Paz al control de la ciudadanía inscribiéndola en el campo de lo alternativo, donde lo moderno es asociado con la superación de la litigiosidad en las relaciones sociales, con la democratización de los aparatos judiciales y la búsqueda de formas de juridicidad con mayor consenso social”.



“Debemos brindar las herramientas necesarias a fin de garantizar que la población elija directamente a este operador judicial; legitimando que el mismo sea idóneo para el cargo y represente dignamente la voluntad mayoritaria de la población que lo elige y de esta manera, jerarquizar la soberanía popular establecida en el articulo 1 de la Constitución Nacional y en el artículo 1 de nuestra Constitución Provincial, que es también un tema de política legislativa.

La necesidad de una renovada orientación estatal, incluyente y plurinacional, es la propuesta abiertamente pregonada por nuestro gobierno Nacional, y por ello entendemos que también, es un compromiso a ser asumido por la justicia de paz”.



Por último aseguran que “el proyecto expresa una provincia sin fronteras al servicio del ser humano, pues los ciudadanos demostrarán en las urnas que adhieren a los nuevos tiempos y una vez más, haremos historia”.





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