En tiempos de inestabilidad económica se necesita de gestos de ejemplaridad y una importante cuota de racionalidad para transmitir suficiente confianza a los mercados y recuperar la siempre necesaria gobernabilidad política. Sin embargo se ve muy poco de esto en todos los ámbitos pero muy especialmente en las provincias y en los municipios.
A estas alturas ya nadie, seriamente, discute la relación directa que existe entre las crisis económicas locales y el eterno desajuste de las cuentas públicas. Los números no cierran y eso irremediablemente trae tormentas.
Es posible ganar tiempo postergando algunos de los efectos negativos derivados de vivir en rojo. Emitir moneda generando inflación o endeudarse casi hasta el infinito puede posponer el colapso y hasta parecer efectivo pero, invariablemente, esto es solo un ardid para sortear la coyuntura.
El país enfrenta ahora un nuevo capítulo de una película que ya se ha visto demasiadas veces. Puede que esta vez sea algo más grave que en otras ocasiones, pero el problema que subyace es conocido por todos.
Aún bajo la hipótesis de que se pueda superar este hito puntual, el desafío de fondo pasa por sanear las finanzas y eso, inexorablemente, lleva a encarar una reforma profunda que ayude a reducir el endémico déficit fiscal.
Si ese aspecto no se ataca con eficacia y contundencia, ineludiblemente, las consecuencias mostrarán su peor cara con vehemencia, tantas veces como sea necesaria y el país seguirá girando en círculos sin avanzar jamás.
Existe un consenso significativo acerca de la naturaleza de esta tragedia y hasta es posible lograr acuerdos respecto a como se ha llegado hasta aquí, sin embargo son pocos los que se animan a ponerle el cascabel al gato.
Nadie quiere asumir el rol del mensajero de malas noticias, pero la política sabe que este despilfarro tiene una fecha límite, que en algún momento las facturas hay que pagarlas y que no siempre esto sucede de la mejor forma.
Ningún partido, ningún dirigente, quiere asumir ese costo electoral. Tal vez sea por eso que nadie toma la posta para hacer lo correcto. Quien decida hacer los deberes, probablemente, luego deba jubilarse de la política.
Es interesante observar como ese presidencialismo exacerbado y enfermizo ha logrado diluir toda la responsabilidad que también tienen los gobiernos provinciales y los comunales en esta compleja e intrincada maraña.
Estos desmadres en la administración de la cosa pública no ocurren solo porque la “nación” se ha convertido en una especie de dilapidador serial, sino también porque muchos Gobernadores e Intendentes han replicado, sin escrúpulo alguno, esa patética conducta con absoluto desparpajo.
Es hora de hacerse cargo de este descalabro cuya paternidad involucra a todos. Esta ilusión de que el Estado se financia con dinero caído del cielo debe terminar y pronto. Para eso hay que entender primero lo que pasa.
Ha sido la gente, y no solo la política, la que ha avalado esta ridícula perspectiva pidiendo siempre más como si fuera un barril sin fondo. Habrá que despertarse rápido y admitir que este cuento de hadas se terminó.
En ese contexto, mucho se le puede reclamar al Gobierno Nacional por su enorme responsabilidad. Más tarde o más temprano habrá que hacer lo que hay que hacer. Con gradualismo o sin él, el problema debe enfrentarse.
Se podrá luego discutir las formas, la oportunidad y hasta la velocidad de las imprescindibles reformas, pero no cabe duda alguna de que la cuenta regresiva ya se inició hace rato y que las tontas excusas se han agotado.
Pero es importante comprender que no solo el Presidente debe tomar la decisión política de abordar ese proceso con determinación y hasta liderarlo de algún modo, sino que también el resto de los mandatarios locales deben imitar, a escala, esa dinámica si se quiere ser relativamente exitoso.
Pese a esta obviedad solo se escucha hablar, por estas horas, de cuáles son los rubros del Presupuesto Nacional sobre los que se puede accionar para reducir la brecha del desfasaje con el menor impacto negativo posible.
Sería muy sensato esperar que quienes conducen los destinos de las provincias y las comunas sean proactivos tomando la delantera, se describan como protagonista de este explosivo coctel y no como meros espectadores de lujo.
Ellos también deben explicitar a la sociedad como es que resolverán sus propios dilemas domésticos, tan o más graves que los generales. La inmensa mayoría de las jurisdicciones están virtualmente quebradas.
También por aquí se asignan muy mal los recursos derrochando el aporte que hacen los ciudadanos en gastos obscenamente superfluos, inexplicables partidas sin asidero alguno y una ineficacia a prueba de casi todo.
Cuando se habla de ajuste algunos prefieren hacerse los distraídos como si fuera un asunto ajeno. Hasta se animan a ufanarse de cierto orden económico y un equilibrio que se sostiene sobre pilares bastante débiles.
En un modelo unitario, como el que empíricamente rige en este país, todos son parte del problema y por lo tanto también de la solución. No hay margen para mirar al costado y esperar que otros lo hagan antes.
Las finanzas provinciales y las municipales del nordeste argentino deberían estar en revisión ahora mismo evaluando escenarios alternativos y analizando como readecuarse frente a un nuevo esquema mucho más frágil.
La diferencia entre los simples administradores y los verdaderos estadistas se notará en este trance. Los que puedan estar en la avanzada mirando los acontecimientos y tomando decisiones serán los que cuenten la historia.