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Jueves, 9 de enero de 2025

El Gobierno revisará programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

La Jefatura de Gabinete los evaluará "con el objeto de resolver, o no, su continuidad" en el marco de "un análisis minucioso de las cuentas, propiciando eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes".

⚠️ La Jefatura de Gabinete los evaluará "con el objeto de resolver, o no, su continuidad" en el marco de "un análisis minucioso de las cuentas, propiciando eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes".

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El Gobierno revisará programas en la órbita del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la continuidad del "efecto motosierra" , con miras a dar de baja a los que crea necesarios en el marco de una "severa crisis económica".

La medida se implementó a través de la Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Guillermo Francos.

Mediante la normal el Ejecutivo encomendó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la evaluación de estos programas "bajo los parámetros de economicidad, facultándose a suscribir los instrumentos y actos administrativos que sean necesarios para dar de baja programas sobre los que se resuelva su no continuidad".

La Secretaría podrá dar de baja los convenios con plazo vencido en los que no se hayan llevado a cabo transferencia de fondos, rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes que no posean transferencia o dar de baja los convenios con plazo vencido en los que se realizaron transferencias de fondos que no tengan principio de ejecución, exigiéndose la inmediata devolución de las sumas transferidas.

También podrá rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes en los que se realizaron transferencias de fondos y que no tengan principio de ejecución y los que se encuentren vigentes y/o vencidos con transferencias realizadas y que no tengan una ejecución superior al 30%.

Además, tendrá la facultad de renegociar aquellos de los que se decida su continuidad, pudiendo modificar los montos originalmente asignados en la medida en que cuenta con partida presupuestaria disponible.

"Todas las áreas del Estado Nacional deben procurar un análisis minucioso de las cuentas, propiciando eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes, en pos de destinar los fondos escasos a las reales y urgentes necesidades de la población", expresa el texto.

"En este contexto, esta Jefatura de Gabinete considera necesario llevar a cabo una evaluación exhaustivamente de la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de resolver, o no, su continuidad, teniendo en mira los lineamientos previstos en las citadas normas de emergencia", añadió.

El Gobierno prorrogó una medida que condiciona los aumentos de los empleados públicos
El Gobierno resolvió prorrogar por un año la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024. A través del Boletín Oficial y con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal, estableció que los aumentos de los trabajadores estatales se discutirán dentro del Presupuesto.

La resolución fue publicada a través de la Decisión Administrativa 1/2025 en el Boletín Oficial. Así es que las actualizaciones salariales quedan supeditadas al cumplimiento del Presupuesto nacional, que será el mismo que 2023 tras la prórroga del Gobierno.

El informe oficial señala que la disposición apunta a asegurar la "igualdad salarial" y preservar la "coherencia en las negociaciones salariales" durante el ejercicio fiscal 2025. Según lo expresado en el documento, estas pautas pretenden maximizar la utilización de los recursos estatales y avanzar hacia un balance fiscal sostenible.

Tal como lo establece el decreto prorrogado, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público continuará cumpliendo una función clave en el análisis y revisión de las condiciones salariales, garantizando un enfoque alineado en las negociaciones colectivas.

La regulación estipula que las jurisdicciones y entes descentralizados, junto con las empresas y sociedades estatales, deberán pactar los incrementos salariales exclusivamente dentro de los límites presupuestarios establecidos.

De igual manera, se recalca que cualquier modificación en las remuneraciones del personal debe contar con la aprobación previa de los organismos competentes, entre ellos la mencionada Comisión Técnica Asesora. Además, se enfatiza que los acuerdos colectivos deberán respetar los procedimientos fijados por la Ley de Contrato de Trabajo y otras normativas aplicables.

De este modo, la prórroga facilita la aplicación de criterios uniformes en las negociaciones colectivas, previniendo desigualdades salariales entre las diferentes áreas del sector público.