LOS APORTES EXTORSIVOS REVELADOS EN INVESTIGACIONES PERIODÍSTICAS
Lunes, 5 de mayo de 2025
Sabadini abre investigación por presunto financiamiento ilegal de LLA en oficinas del PAMI y Anses del Chaco
El fiscal quiere saber si hubo delitos en la administración de ambos organismos.
En un hecho que compromete directamente al oficialismo nacional y sacude las bases del aparato estatal en la provincia, el fiscal federal Patricio Sabadini dio inicio este lunes a una investigación formal por presuntas maniobras de financiamiento irregular en las oficinas chaqueñas del PAMI y la Anses.
Los organismos, que deberían estar al servicio de los sectores más vulnerables, aparecen ahora vinculados a un escándalo que podría escalar hasta las más altas esferas de La Libertad Avanza.
La investigación se sustenta en una serie de informes periodísticos difundidos desde el 1 de mayo en medios nacionales como TN y A24, que revelan una operatoria consistente en la exigencia de aportes económicos por parte de empleados y funcionarios para sostener las actividades partidarias del espacio liderado por Javier Milei. Lejos de ser un hecho aislado, las planillas con detalles de las supuestas “contribuciones” tienen nombres, fechas, montos y, lo más grave, remiten directamente a las delegaciones de PAMI y Anses con sede en el Chaco.
Silvia Arolfo y Alfredo “Capi” Rodríguez, responsables de las oficinas chaqueñas del PAMI y Anses respectivamente, estarían señalados como los principales articuladores locales de esta maniobra. De acuerdo a los testimonios recogidos por los programas “La Ves” y “Wifi 24”, empleados habrían sido forzados a entregar parte de sus haberes bajo la amenaza de perder sus cargos si se negaban. En algunos casos, incluso, se habrían priorizado contrataciones basadas en la afinidad política antes que en las capacidades profesionales.
La gravedad de los hechos llevó a la Fiscalía Federal de Resistencia a formalizar una causa caratulada como “Investigación preliminar s/ posible delito de acción pública”, enfocada en la posible comisión del delito de extorsión (artículo 168 del Código Penal). El fiscal Sabadini remarcó que se trata de un delito que vulnera tanto la libertad individual como la propiedad, ya que se habría obligado a trabajadores estatales a realizar pagos bajo presión para conservar su empleo.
Durante la emisión de uno de los informes televisivos, se exhibieron planillas con el título “LLA RENDICIÓN DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA 13/12/2024”, lo que deja entrever la existencia de un sistema meticuloso de recaudación a través de transferencias bancarias, muchas de ellas direccionadas hacia los jefes de delegaciones en el interior de la provincia.
Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal solicitó al tribunal competente una serie de medidas probatorias para verificar la autenticidad de la documentación y avanzar en la identificación de los responsables. En el trasfondo, se revela un mecanismo que no sólo compromete fondos públicos y pone en jaque la integridad del Estado, sino que exhibe un patrón preocupante: la utilización de estructuras estatales como herramientas de poder político y recaudación partidaria.
Este nuevo capítulo judicial no solo suma tensión en la relación entre Nación y Provincia, sino que también genera interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones públicas bajo la actual gestión nacional. Mientras tanto, los chaqueños vuelven a quedar en medio de una trama en la que el Estado, lejos de protegerlos, podría haber sido usado como engranaje de una maquinaria partidaria.