Mutuales y cooperativas que cobran intereses usurarios
Martes, 3 de septiembre de 2013
Corregido: “Estamos frente a una forma burda de aprovecharse de la gente”
El Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, reiteró la necesidad de actuar contra las financieras que se disfrazan de cooperativas y mutuales para realizar préstamos usuarios a trabajadores públicos y jubilados. Denunció que a pesar de tener elementos probatorios sustanciales, hace más de un año que una fiscalía en Resistencia tiene cajoneada una causa judicial contra una mutual a la que se le incautó pagarés y códigos de descuentos en blanco firmados.
Corregido recordó que el trabajo de la Defensoría en contra de las mutuales y financieras que cobran créditos usuarios a través de los de nominados “códigos de descuentos” comenzó cuando se acercaron hasta la institución una gran cantidad personas que se quejaban porque su salario estaba virtualmente apropiado por culpa de estas firmas usureras.
Ante esto, se realizaron los planteos correspondientes a la subsecretaría de Hacienda y Finanzas de la Provincia para que, en calidad de autoridad de aplicación, controle a estas firmas y su accionar. “También le hicimos una recomendación al Nuevo Banco del Chaco en el cuidado que tenemos que tener para preservar el salario de los trabajadores”, sostuvo Corregido.
“A pesar de que la Ley de Código de Descuentos dice que los empleados pueden endeudarse hasta un 60% de su sueldo, hemos advertido que el Nuevo Banco del Chaco firma convenios con otras casas comerciales que permite que con el acuerdo del empleado público se endeude por el 40% restante”, puntualizó.
“Así que la Defensoría advirtió que si bien el Nuevo Banco del Chaco tiene la facultad para hacerlo, entiendo que como organismo oficial controlado de alguna manera por el Gobierno, no puede ir en un sentido diferente y que las autoridades del banco deben cesar en esa actividad acompañando al gobierno que trata, a través de la Ley de Códigos de Descuentos, de proteger a los empleados públicos”, añadió.
Corregido comentó que la usura de la que son víctima algunos trabajadores y jubilados del Estado que piden prestamos a estas entidades llegan al 200% anual. Es decir que por cada $1000 que recibe de préstamos, el “beneficiario” tendrá que devolver $3000. “La verdad que esto es escandaloso pero también es escandaloso que esto se proyecte en el tiempo ante una situación que es de conocimiento de todos los funcionarios”, indicó, al tiempo que consideró que hubiese sido importante que intervengan en esta lucha contra la usura los gremios estatales y los dirigentes políticos de distintas facciones. “Me gustaría que se sumen para que tengamos más fuerzas para poder corregir esta situación que degrada el salario de los trabajadores. Y esto no es un tema menor: al salario de los trabajadores lo debemos proteger. Porque tiene que ver con la calidad de vida del pueblo del Chaco y estamos en momentos económicos difíciles. Y eso contribuye a degradar más todavía la economía de los chaqueños”, afirmó Corregido en diálogo con radio Universidad.
Modus operandi
El Ombudsman explicó también que la metodología con la cual se estafa a los empleados públicos y los jubilados estatales no es para nada compleja. "No estamos frente a una ingeniería financiera, como podríamos llamarla de forma espectacular. Esta es una forma burda de aprovecharse de la gente. Todos sabemos que el verdadero objeto de las mutuales y cooperativas no son la de las cooperativas y mutuales sino que simplemente lo único que hacen es prestar dinero a intereses desmedidos porque nadie los controla”, señaló.
“Esto me hace acordar cuando yo pedía (como fiscal Federal) la clausura de los cabarets en Resistencia. Y yo tenía una discusión con las autoridades municipales porque ellos decían que eran wiskerías. Dicen wiskerías pero adentro hay un prostíbulo y está prohibido. Hasta que se dieron cuenta que había que clausurarlos. Y hoy estamos en la misma situación: las autoridades se tienen que dar cuenta que estas no son ni cooperativas ni mutuales y no tienen razón de existir. Debe iniciarse el procedimiento de intimación, de multas y de quita de código de descuentos como dice la ley", señaló.
Allanamientos
Al ser consultado por el allanamiento realizado el viernes de la semana pasada a una mutual céntrica acusada de estafa, el Defensor del Pueblo destacó esta decisión de la Justicia aunque reiteró la necesidad de que los fiscales que tienen expedientes con casos similares avancen con las investigaciones y no sólo se queden en la recopilación documental.
"Queremos que no sólo se hagan los allanamientos sino que también se investiguen", pidió, al tiempo que señaló que durante la mañana de este lunes notificó al Procurador de la provincia, Jorge Cantero, que una fiscal provincial tiene cajoneada hace un año una causa contra una mutual a la cual se le encontró pagarés y códigos de descuentos en blanco con la firma de los clientes estafados.
"Estos documentos firmados en blanco, que le daban la posibilidad al operador de colocar las cuotas y el interés que se le plazca", explicó Corregido y denunció que "en el transcurso de un año la cuestionada fiscal no ha tomado una sola medida más que haber llamado a dos testigos en noviembre. “Sería bueno que se investigue, que se hagan los relevamientos, que se traten de recolectar pruebas, pero también que se avance en la investigación", solicitó.
De todos modos, Corregido aclaró que el cooperativismos son un forma de economía social fundamental en la historia del Chaco y nada tiene que ver con estas empresas que realizan operaciones de dudosa legalidad. “A las cooperativas y mutuales debemos protegerlas. Y la mejor forma de protegerlas es combatir a estas personas que bajo la apariencia de ser cooperativas y mutuales se dedican a engañar a la gente. El Estado provincial y todos los actores políticos debemos ocuparnos de este tema. Es muy fácil de solucionarlo. Simplemente hay que hacer un pequeño control y terminamos con esta cuestión que está esquilmando el salario de los trabajadores”, finalizó.