Maldonado contra la propuesta del Gobierno sobre el impuesto a las ganancias
En un nota enviada a Eshaco el legislador nacional analiza la medida del gobierno considerando que éste "pretende imponer una modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias que es limitada en el tiempo, incompleta en sus alcances económicos y sociales y discriminatoria en favor de la región patagónica y en contra del Noreste y el Noroeste argentino".
En el debate parlamentario sobre este asunto he señalado que el gobierno nacional propone modificar algunos artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con el único objeto de crear dos nuevos impuestos: El 15 % a la compraventa de bonos y acciones y gravar con el 10 % el cobro de dividendos. En ambos casos se imponen tributos a empresas o sociedades no abiertas a la oferta pública, es decir que no cotizan en bolsa. Aunque se proclama la intención oficial de gravar en parte la renta financiera, en realidad estos impuestos recaen sobre la actividad productiva.
Tampoco se establecen diferencias vinculadas al capital societario, de las empresas que tributarán ahora con el reparto de dividendos, por lo que las PYMES quedarán en adelante gravadas con la misma carga impositiva que las empresas de mayor porte. El gobierno nacional se propone financiar la caída en la recaudación que por aplicación de recientes resoluciones de la AFIP, han dispuesto eximir del pago de Ganancias a los salarios brutos de hasta 15.000 pesos en los últimos cuatro meses del corriente año. Esta disminución representa 2.100 millones de pesos.
Pero lo que no dice el gobierno es que la falta de actualización del mínimo no imponible le significó al fisco nacional un mayor ingreso por más de 6.000 millones de pesos, que no estaban presupuestados para este año, Durante ocho meses se recaudó un impuesto que no debería haber cobrado, y que engrosaron las arcas fiscales a costa de los trabajadores y jubilados gravados con el Impuesto a las Ganancias.
Hoy, la magnitud de los recursos administrados por el gobierno nacional alcanzó el record en la historia de nuestro país. Si se lo mide a través del gasto consolidado, pasó de representar un promedio del 30% del PBI que teníamos en los años ´80, hasta el récord del 43,2% del PBI en 2009, de acuerdo a los datos oficiales. Como vemos, esto no sirvió para mejorar la cobertura de los derechos ciudadanos que garantiza la Constitución, ni para el crecimiento de una infraestructura básica de servicios para nuestro desarrollo.
La actitud del gobierno cediendo parcialmente ante los reclamos sobre los que veníamos bregando, responde únicamente al pronunciamiento del pueblo en favor de un cambio fundamental en el rumbo económico y social.
Pero, también es cierto, que estas resoluciones de la AFIP corrigiendo algunas distorsiones, tienen alcances limitados, porque los cambios rigen hasta Diciembre de 2013, y queda al arbitrio del gobierno extender las deducciones y actualizar el mínimo no imponibles para los próximos períodos fiscales. Es preciso además, corregir las escalas sobre las que se aplican las alícuotas, que se mantienen iguales desde fines del año 1999. Por la Ley 25239, a partir del 1° de Enero del año 2000, tenemos las mismas escalas sin actualizar, del 9 % hasta $10.000, del 14 % hasta $ 20.000, del 19 % hasta $30.000 pesos y así sucesivamente. Pero son escalas que no se corresponden ya con el poder de compra de los salarios y jubilaciones. Tampoco se ha contemplado la situación de los trabajadores autónomos y los monotributistas
Es necesario plasmar en una ley las reformas del Impuesto a las ganancias sobre personas físicas, como lo hacemos en nuestro dictamen alternativo al proyecto oficial. Las rebajas en Ganancias que van a regir en últimos cuatro meses del año, son insuficientes, discrecionales y arbitrarias.
Por todo ello, he decidido mi voto de rechazo al proyecto oficial, que evade el tratamiento de lo más urgente e importante que merece respuesta en estos momentos y que exige actualizar Ganancias automáticamente por ley. Me resisto a tratar una reforma impositiva del Impuesto a las Ganancias que no incluya un mecanismo legal para su actualización automática, dos veces al año, porque serán pan para hoy y hambre para mañana. La negativa del oficialismo a considerar esa actualización automática en tiempos de alta inflación, resulta incomprensible e insensible a la realidad social.
Pero además, hay un aspecto de la cuestión, que como ciudadano y representante de nuestro pueblo del Noreste argentino me resisto a aceptar. Esto incluye también a la región del Noroeste. Es la diferencia que se hace a favor de la región patagónica, tan inexplicable e injusta como inoportuna. Mientras las resoluciones de la AFIP disponen en salarios de 15.000 a 25.000 pesos, una deducción con suba del mínimo no imponible del 20 %, para los trabajadores patagónicos la suba es de 30 %.
Rechazamos esta discriminación. Las tasas diferenciales deben ser a la inversa, a favor de las provincias del NEA y NOA, por los índices de desarrollo económico y social, costos de energía, transporte y radicación industrial. Nuestras economías regionales están sufriendo los efectos más dañinos de un modelo centralista y concentrador de recursos y factores productivos.
Si en diez años el gobierno nacional se ha negado a discutir una reforma impositiva en serio, vamos hacerlo ahora, luego de un castigo electoral en octubre que lo devuelva a la realidad. Este sistema tributario no se ha modificado y se fue profundizando durante los últimos años, permitiendo al gobierno nacional obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa centralmente de las finanzas provinciales y municipales que fueron deteriorándose, bajo el peso de un fuerte unitarismo fiscal.
Estamos a favor de la eliminación del IVA y demás impuestos internos que gravan los productos de la canasta básica alimentaria. A favor de un impuesto al juego y a las grandes herencias. A favor de gravar la renta minera y petrolera. Necesitamos una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos y la inmediata recuperación para las Provincias del 15 % que actualmente se deriva al ANSES sobre la masa coparticipable. Solo así podremos rehacer la estructura del régimen federal que proclama nuestra Constitución Nacional.
Es un error y un agravio inmerecido que sigue cometiendo el gobierno, con esta propuesta legislativa parcial e injusta, tras haber desperdiciado uno de los mejores ciclos económicos que vivió el país en un siglo. Reclamamos una nueva gestión de la economía nacional y un mayor compromiso con la producción y la inversión, para que desde el poder central se atiendan las necesidades y potencialidades de cada región con mayor equidad y justicia. A pesar de la obcecación del gobierno, tengo la certeza de que los pronunciamientos populares en las urnas y en la calle, lo van a obligar a cambiar esta historia de un relato oficial autista y mentiroso.
(*) Diputado nacional, Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación.