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Estafa
Jueves, 7 de febrero de 2013
El Gobierno echó a funcionarios vinculados con la denuncia contra Adecua
Se trata de tres abogados que participaron de los acuerdos que realizó la asociación de consumidores con bancos en perjuicio de 1,7 millones de clientes. La Presidente fustigó el martes a los letrados de la ONG por esa estafa.
Dos funcionarios del Gobierno y un asesor de una senadora fueron desplazados anoche de sus cargos después de que se revelara que habían participado de los acuerdos entre la ONG Adecua y un grupo de bancos en perjuicio de clientes que habían presentado reclamos.

El abogado Juan de Dios Cincunegui, que se desempeñaba como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas e interventor de Intercargo, presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el Ejecutivo y publicada hoy en el Boletín Oficial.

También comunicó su dimisión Luis Romiti, que ocupaba el cargo de director nacional de Control Ambiental, y fue avalada por el Gobierno así como publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 170.

A su vez, también perdió su puesto Eduardo Baeza, asesor de la senadora Nancy Parrilli, quien fue dado de baja de la plantilla de la Cámara alta de la Nación.

Se trata de tres hombres del kirchnerismo quienes, además de trabajar en el Estado y el Congreso, se desempeñaban como abogados de Adecua y, como tales, participaron de la estafa que denunció la presidente Cristina Kirchner el martes.

"Luis Romiti y Eduardo Baeza participaron por Adecua, y Juan de Dios Cincunegui por Cruzada Cívica", confirmaron desde Adecua al diaro Clarín.

Según explicó la jefa de Estado, la ONG firmó acuerdos con seis bancos y financiarias, que le permitió a estos últimos librarse de pagar 367 millones en indemnizaciones a usuarios estafados.

"Un millón setecientos mil usuarios fueron perjudicados por esos bancos y los abogados de esa organización no gubernamental, que dicen defender a los consumidores, lograron un acuerdo homologado por un juez", señaló la Presidente, y agregó: "Me gustaría saber el nombre de ese juez".

Según dio cuenta la mandataria, "sólo el 0,9%" de los afectados logró cobrar el resarcimiento y señaló que "los abogados, que deberían ser defensores de los consumidores, cobraron por su maravilloso trabajo 15 millones de pesos, pagados obviamente por los bancos".


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