Superior Tribunal pidió “mesura” a jueces que usan redes sociales
Mediante una resolución con fecha en diciembre, el STJ recomendó a magistrados evitar publicaciones “que puedan arrojar un manto de sospecha sobre su imparcialidad”. El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a parte de una presentación realizada por apoderados del Partido Justicialista (PJ) correntino, en la que pidió se observe una serie de declaraciones “con clara connotación política” publicadas por la juez Cynthia Godoy Prats en su cuenta personal de Facebook en el marco del último “cacerolazo” realizado el pasado 8 de noviembre.
En la jornada conocida como 8N, la magistrado publicó en dicha red social “No quiero a ‘La Cámpora’ en las escuelas, no quiero milicias ciudadanas, ni Milagro Salas, ni Schoklender, ni Eve de Bonafini, ni Tupac Amarú sino respeto por la institución militar y por supuesto cárcel para los genocidas, pero tampoco que me gobiernen los otros genocidas, quienes se hicieron llamar montoneros”. Otro de los pasajes de la integrante del Tribunal Oral Penal Nº1 de Corrientes que llamó la atención de los apoderados del justicialismo Félix Pacayút y María Inés Fagetti, está vinculado directamente al “cacerolazo” que tuvo lugar en la Capital provincial y reza: “(…) hoy en Corrientes ya hay escuelas y jardines de infantes que reciben adoctrinamiento de la “Cámpora” y desde Nestor K que existe Milagros Sala y la Tupac Amaru, y no se dio bola, hoy son un ejército que ya se cobró vidas humanas. Por eso voy a ir a la costanera, si se transforma en un acto político, me vuelvo, yo lo único que quiero es la libertad de la que gozábamos y no la violencia hasta verbal que está instaurando, cuando habla ’Ella‘ o Aníbal Fernández”. La respuesta del STJ a la queja del peronismo tuvo lugar el 11 de diciembre pasado, mediante la Resolución 1026 firmada por todos sus miembros. En ella, el Tribunal “recomendó” a funcionarios y magistrados manejarse con “prudencia y mesura en el uso de las redes sociales”, tratando de “guardar siempre una conducta irreprochable en razón de las exigencias requeridas a quienes desempeñan los altos cargos judiciales, evitando manifestaciones innecesarias que puedan arrojar un manto de sospecha sobre su imparcialidad y buen juicio en el ejercicio de sus cargos o causar interpretaciones contrarias a la adecuada y eficaz administración de justicia que este Poder Judicial Provincial está obligado a prestar”.