El 24 de marzo de 1976 una Junta Militar encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti –jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea respectivamente– dio un golpe de Estado: removió al gobierno constitucional, suprimió el régimen de partidos políticos y ejecutó un plan de secuestro y asesinato clandestino de personas como metodología habitual del Estado para aniquilar opositores políticos.
En el Chaco el Ejército depuso al gobernador peronista Deolindo Felipe Bíttel. El coronel Oscar Zucconi fue el gobernador de facto de la provincia durante el primer mes. Luego fue suplantado por el coronel de Brigada Facundo Serrano hasta el año 1981, cuando el Cnel. Ruiz Palacios tomó su lugar.
Pilar Calverio, politóloga y ex detenida-desparecida en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) explica el sentido de los siete años de dictadura cívico militar en los siguientes términos: “(...) La sociedad fue la principal destinataria del mensaje. Era sobre ella que debía deslizarse el terror generalizado, para grabar la aceptación de un poder disciplinario y asesino (...). Sólo así los militares podían imponer un proyecto político y económico pero, sobre todo, un poder que pretendía desaparecer de una vez y para siempre lo disfuncional, lo desestabilizador, lo diverso”. (Pilar Calverio , “Poder y Desaparición”)
38 años después horror el juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante 1976-1983 se ganó un lugar en la historia por su profundidad y extensión; los jerarcas del genocidio argentino fueron (y son) juzgados conforme a derecho y con todas las garantías a raíz de un reclamo que comenzó siendo de los familiares nucleados en organismos de Derechos Humanos y con el paso de los años fue ganando fuerza y consenso en los más variados sectores de la sociedad argentina.
30.000 DESAPARECIDOS/ 500 APROPIACIONES DE MENORES
En 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presentó 8961 casos, pero aclaró el carácter parcial del informe. Los organismos de Derechos Humanos calculan en 30 mil el número de víctimas del terrorismo de Estado.La cifra de 30.000 víctimas de desaparición forzada corresponde al número proporcional de Habeas corpus presentados durante la dictadura, a estimaciones sobre la cantidad de prisioneros en la ESMA, Campo de Mayo y La Perla y a documentación de las Fuerzas Armadas, como el reporte del Servicio de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército de julio de 1978 que calcula en 22.000 el número de ejecutados y desaparecidos, cuando todavía restaban 5 años de dictadura.
Además se calcula que alrededor quinientos infantes fueron secuestrados con sus padres o nacieron en los centros clandestinos de detención donde fueron llevadas las jóvenes embarazadas. Los niños secuestrados fueron apropiados por personal militar o abandonados en hospitales u orfanatos como seres sin nombre ni historia personal. Se les robó la identidad y se condenó a familias enteras a una búsqueda desesperada que en muchos casos continúa hasta el día de hoy.
EL CHACO / REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD
La matanza de presos políticos conocida como “Masacre de Margarita Belén” es emblemática del accionar del terrorismo de Estado en la región y da cuenta de la absoluta impunidad con que actuaron el Ejército y la Policía en el ejercicio de crímenes de lesa humanidad. Si tiene comprobada la existencia de al menos cuatro lugares en donde se recluyó a los detenidos políticos: la Brigada de Investigaciones (en el centro de la ciudad), la Alcaldía Policial, la cárcel Unidad 7 y el Regimiento de la Liguria.
En la provincia no hay aún un registro oficial que indique el número exacto de personas desaparecidas y asesinadas vinculadas con el Chaco. La tarea del Registro Único de la Verdad/ Comisión Provincial por la Memoria, tiene como una de sus líneas de trabajo la recopilación de esta información. Durante el primer año de trabajo se partió de los avances parciales realizados por el POHIMES e HIJOS Chaco. La lista de personas desaparecidas disponible al inicio de 2008 alcanzaba a 95 nombres: 76 hombres y 19 mujeres.
En la actualidad el número total asciende a 147 personas, según el siguiente detalle: 32 mujeres víctimas (3 asesinadas y 29 desaparecidas) y 115 hombres víctimas (22 asesinados y 93 desaparecidos) con un total de 147 bajas. Este número sigue abierto ya que actualmente existen alrededor de 20 casos que, o bien se sabe que son desaparecidos pero no se puede aseverar que estén relacionados a la provincia de acuerdo a los criterios establecidos, o bien se está investigando si corresponden a desapariciones por razones políticas.
NEOLIBERALISMO
El gobierno de facto actuó en alianza con el poder económico, la jerarquía eclesiástica y sectores civiles y aplicó un modelo económico que empobreció a la mayoría de la población y concentró la riqueza del país en pocas manos. El 2 de abril de 1976 José Alfredo Martínez de Hoz fue nombrado ministro de Economía. Su programa económico promovió el vaciamiento del Estado y la transferencia de recursos de las clases trabajadoras hacia los sectores más concentrados del capital financiero, lo que provocó la desaparición de una parte considerable de la industria, la decadencia de la pequeña y mediana empresa y una reducción salarial generalizada.
“¿Cómo quedó el país?: robusto el sector financiero y vulnerada la estructura productiva. La industria, como porcentaje del PBI, había retrocedido en 1980 a cifras de los años sesenta. El salario real, menor en un 25 por ciento. El PBI por habitante en el 82 era inferior al de 1975 y el consumo por habitante, 10 por ciento menor para el conjunto, y mucho más bajo entre asalariados. Y una deuda externa total de 45.068 millones que, sin resolverse, daría lugar al remate del patrimonio del Estado”.(Manuel Fernández López - La Economía del Proceso)