Así titulaba Greenpeace la nota que publicó en su web el 18 de abril de 2012 para denunciar, ante la opinión pública, que en El Impenetrable chaqueño se violaba la Ley de Bosques porque el gobierno autorizaba el avance de los desmontes en dicha región. La organización ambientalista realizó un relevamiento por tierra y aire y constató el severo impacto ambiental que provocaban los desmontes selectivos que se realizaron para ampliar la frontera de la ganadería intensiva en zonas protegidas por la Ley de Bosques, que fueron impulsados por el gobierno chaqueño para implementar el Plan Ganadero que diseñó para duplicar el stock de animales al año 2015, pasando de 2 millones seiscientas mil cabezas a 5 millones. Otra contingencia que derivó del mismo Plan fueron los dudosos manejos de los fondos públicos adminstrados por la Fiduciaria del Norte, cuyo destino final y rentabilidad está en duda.
Greenpeace acusó que el gobierno del Chaco autorizó la realización de desmontes encubiertos en zonas prohibidas de El Impenetrable. Constataron que las topadoras dejaban muy pocos árboles en pie y eliminaban toda la vegetación existente debajo del monte, lo que impedirá su regeneración, o sea que cuando se desmontaba se estaba apuntado a la destrucción del monte y de la biodiversidad.
Feróz y brutal respuesta mediática del gobierno y de sus aliados explotadores
Inmediatamente después de la denuncia pública de Greenpeace salió el gobierno chaqueño a embestir y a descalificar a dicha organización ambiental y al Centro Mandela, con el claro objetivo de desinformar. Desde el Ministerio de la Producción se organizó una cadena de salidas mediáticas, conferencias de prensa, comunicados, entrevistas e intervenciones de las más variadas, que fueron protagonizadas por quién se encontraba a cargo de la Dirección de Bosques, el ingeniero Miguel Ángel López, secundado estrechamente por el Subsecretario de Recursos Naturales, el ingeniero Miguel Brunswing, paradójicamente designado después por Bacileff Ivanoff como Ministro de Ambiente. A la par de tales funcionarios públicos, se sumaron diputados, intendentes, consorcistas, productores agropecuarios, ganaderos y -especialmente- los explotadores forestales. Se organizaron encuentros en localidades estratégicas de los Departamentos Brown y Guemes para unir y organizar las voces que salieran a desautorizar y a desacreditar a quienes denunciaban ante la opinión pública que el gobierno autorizaba, sabía o debía conocer que se estaban realizando grandes desmontes en zona amarilla (prohibida) de El Impenetrable. Fueron tremendas las operaciones de prensa encaradas con tal finalidad. Sáenz Peña fue el centro operativo para planear, organizar y difundir la estrategia de desinformación que ejecutó el gobierno.
El escenario judicial
Con muy buen criterio Greenpeace acreditó en tribunales los antecedentes (imágenes) de los desmontes ilegales que había detectado a comienzos de 2012 en El Impenetrable, y solicitó que sean investigados porque violaban la Ley de Bosques. La presentación fue realizada ante el Juzgado Civil Nº 6 de Resistencia, a cargo de la Dra. Isabel Grillo, quién cumpliendo con su obligación de brindar tutela judicial efectiva a las comunidades indígenas de Nueva Pompeya, Nueva Población y de Comandancia Frías, controlaba -en ese momento- que se cumpliera la sentencia que oportunamente había dictado, que obliga al gobierno a proteger y preservar el monte nativo chaqueño en las condiciones detalladas en tal pronunciamiento. Atinadamente la Juez dispuso que se constataran si tales desmontes fueron realizados, como también los casos denunciados por el Centro Mandela. Para la realización de las tareas técnicas designó a tres profesionales, avocándose la ingeniera agrónoma Inés Aguirre a la tarea específica de los desmontes, mientras que los dos restantes se dedicaron a evaluar las consecuencias ambientales y sociales.
El informe realizado por la ingeniera Aguirre
Inés Aguirre presentó su testimonio ante el juzgado a cargo de la Dra. Grillo, que lo publicó en la lista de su tribunal el pasado viernes 21 de marzo, agregando el informe preliminar a fojas 3116/3188 del expte. Nº 1754/04. Como postura, el gobierno señaló que “no comparte el criterio técnico tomado por la idonea (ingeniera Aguirre)”. La ingeniera se expidió sobre once de los trece casos denunciados por Greenpeace. Los dos restantes fueron, en su momento, objeto de avistaje aéreo del que participaron la Juez Grillo y los representantes del gobierno, utilizándose el helicóptero de la provincia por única vez dado que luego nunca más se pudo usarlo por razones poco creibles, por lo que no se pudieron realizar las restantes inspecciones. Definidamente el gobierno se inclinó por dificultar o impedir los posteriores avistajes aéreos.
En las conclusiones finales, después de un extenso informe de 73 páginas, la ingeniera Aguirre refirió que Greenpeace denunció, mediante la presentación de imágenes aéreas, intervenciones a bosques que violaban la ley. Al cabo de un profundo análisis, la referida profesional -de reconocida experiencia y seriedad en el sector- llegó a la conclusión que los casos denunciados son formaciones que ya no reúnen las condiciones de un bosque nativo y, que de constatarse en el lugar, deberían ser considerados como desmontes. Es importante destacar que los organismos públicos involucrados impidieron o no hicieron nada para lograr que la ingeniera Aguirre ingresara a los predios para realizar la correspondiente constatación donde se produjeron los desmontes, obstaculizando –de ese modo- el trabajo de la referida profesional, y demorando la confección del informe. No obstante ello, y pese a que la ingeniera no ingresó a los predios, sus conclusiones son irrebatibles puesto que técnicamente trabajó de manera irreprochable, evaluando objetivamente las herramientas que utilizó para avanzar en la pesquisa técnica, sirviéndose de las mejores imágenes satelitales disponibles de distintas fuentes, siendo relevantes las secuencias cronológicas de imágenes que aportó y que le permitieron comprobar las condiciones y características de los montes antes de las intervenciones de los productores y tal cual quedaran con posterioridad a que se realizaran los desmontes, detectando las huellas ambientales que son muy visibles para cualquier técnico que sepa leer honradamente las fotos satelitales.
De nuevo la Dirección de Bosques y un caso explosivo Desmonte total en el Establecimiento “Las Palmeras”
Este desmonte corresponde al Caso Nº 10 denunciado por Greenpeace, que aportó imágenes reveladoras, capturadas el 06 de enero de 2012, desde una altura de 556,63 metros, y las coordenadas (25; 33; 59.61S y 62; 35; 41.39W) de ubicación del desmonte.
El 9 de diciembre de 2013 la ingeniera Aguirre visitó el predio del Establecimiento “Las Palmeras”, que sería de propiedad de un fuerte y reconocido banquero nacional que se volcó a la cría intensiva de ganado. Informó al tribunal que si bien no pudo ingresar para constatar la correspondencia entre la foto aportada por la Ong denunciante y verificar el tipo de intervención que se hizo al monte, pudo realizar su tarea de relevamiento desde los caminos perimetrales. Constató que existían desmontes en el interior del predio a lo largo del recorrido que hizo. Refirió que existían cortinas de bosque nativo en forma longitudinal y transversal, las que no impidían la visualización de los desmontes debido a que eran poco densas y las transversales estaban desmontadas en su parte media. Aportó fotos georreferenciadas del lugar, es decir que las imágenes que tomó están acompañadas por la ubicación geográfica del punto de captura. Desde la posición donde se tomaron las fotos, especialmente las Nº 1 y Nº 2, la ingeniera pudo apreciar la magnitud del desmonte al no existir cortinas en la parte central que impidieran la vista, llegando el desmonte hasta la línea del horizonte. También informó que el deslinde estaba sembrado con pasturas, la cortina forestal abierta y que en el lugar desmontado se sembró pastura. La Dirección de Bosques, a pesar del requerimiento del tribunal, no presentó -como correspondía- el Acta de Constatación que debió confeccionar a partir de la gravedad de la denuncia pública efectuada por Greenpeace. Tampoco informó si abrió un expediente, si otorgó algún permiso y si labró una infracción. En cualquier caso, el desmonte fue realizado en infracción a la Ley de Bosques porque se ejecutó en una zona donde está prohibido desforestar.
No obstante ello, en el informe que en PowerPoint presentara dicho organismo aportó la diapositiva Nº 71 con la imagen satelital del predio donde se desmontó y del campo vecino, en el que ubicó el punto con las coordenadas aportadas por Greenpeace. En la diapositiva Nº 72 la Dirección de Bosques informó que la foto presentada por Greenpeace no correspondía al punto georreferenciado, teniendo en cuenta la proyección de la vertical. Sin embargo, la ingeniera Aguirre corroboró -con un método técnico irreprochable- que las coordenadas aportadas por Greenpeace correspondían al punto de captura de la foto en altura, y agregó -de manera preliminar porque falta ingresar al campo- que existe concordancia entre las 13 coordenadas y la fotografía aportada por la organización ambientalista, lo que demuestra el funcionamiento irregular de la Dirección de Bosques y del sistema georeferenciado que utiliza, en algunos caso, irregularmente.
Finalmente, la ingeniera concluyó que la intervención al monte nativo denunciado por Greenpeace en el Establecimiento “Las Palmeras” corresponde a un desmonte total. Que desmontaron más de 7.500 ha. en zona amarilla, donde está prohibido desmontar, según el mapa de zonificación de la OTBN. Por lo tanto, fue altamente positiva y necesaria la intervención de Greenpeace para denunciar los desmontes en El Impenetrable, sobre todo ante la pesada burocracia, la marcada ineficiencia y la corrupción fuertemente instalados en la Dirección de Bosques. No solo El Impenetrable está en peligro, sino todo el ecosistema chaqueño que ha quedado sujeto a la decisión de funcionarios, productores e intermediarios que apuestan a la producción sin límite, aunque con ella destruyen el ambiente y la biodiversidad, con consecuencias sociales, sanitarias y ambientales que cada día se hacen más visibles.
Paralelamente, y al mismo tiempo, crece el cerrado negacionismo del gobierno y de los sectores favorecidos por el sistema de producción primaria que se aplica en Chaco, que operan como si fuera un territorio de la pampa húmeda cuando se sabe que Chaco es un espacio frágil y sometido a fuertes riesgos agroclimáticos, que desaconsejan la continuidad de los desmontes y la explotación de la agricultura intensiva o industrial.