¿Por qué el Chaco tiene más pobres que todo el país?
Un sorpresivo cambio del calendario de difusión del INDEC sobre las cifras de pobreza e indigencia del segundo semestre del año 2013, que debían informarse el miércoles 23 de abril último y se ocultaron repentinamente por orden del Ministerio de Economía de la Nación, agitó el debate nacional sobre la cantidad de pobres en la Argentina.
Iban a conocerse las primeras estimaciones luego que se comenzara a transparentar un mayor índice de inflación en nuestro país a partir del mes de enero, bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, pero las cifras se ocultaron bajo la alfombra, admitiendo luego el INDEC “severas carencias metodológicas”.
Hay una explicación muy simple de este torpe suceso gubernamental y es que la pobreza habría aumentado ya a niveles incompatibles con el relato kirchnerista, lo que exigió recaer otra vez en la acostumbrada manipulación de las estadísticas oficiales.
Mientras los índices oficiales del año pasado daban un 4,7 % de pobreza en el país, la Universidad Católica estimaba un 25 %, aún en el período previo a la devaluación de enero y los fuertes aumentos de precios de este año. Se estima que esos porcentuales esconden unos 13,4 millones de pobres, de los que 5 millones son indigentes.
El crecimiento de la pobreza responde a que desde 2007 a 2013 los precios crecieron 337,6 % casi cuatro veces más de los que admitió el INDEC, aunque los alimentos y bebidas aumentaron un 597 %, casi el doble del nivel general. Oficialmente ese organismo había reconocido en sus últimas mediciones que una persona puede alimentarse con $ 8,50 diarios y una familia de cuatro miembros con $26 diarios, coronando hacia fines de 2013 siete años de mentiras, que ya el gobierno no puede seguir repitiendo a la vista de todos.
Luego que la última maniobra oficial reavivara el debate público sobre la pobreza se ha puesto de relieve con mayor crudeza el mapa de los que menos tienen. Y en ese plano resalta el hecho que nuestro Chaco sea la provincia que más pobres acumula hoy en todo el país.
La explicación que nos debemos para ello debe partir de una reflexión muy profunda, porque responde a múltiples causas que se arrastran con el tiempo. Pero no hay duda sobre la corresponsabilidad de los gobiernos nacionales y provinciales, así como de los dirigentes que, tanto hoy como ayer, no hemos sido capaces de pelear condiciones para un desarrollo igualitario de las distintas regiones del país.
Está claro que nuestro país debe encarar reformas estructurales que hagan posible el desarrollo económico y productivo de las provincias más rezagadas. Ese esquema de cambios debe ser gradual y progresivo pero a la vez continuo y persistente, para resolver las desigualdades que pesan fuertemente en la estructura poblacional y social.
Es preciso otorgar ventajas competitivas a la región que hoy son restringidas por políticas económicas no diferenciadas, a partir deregulaciones uniformes, iguales costos salariales nominales en todo el país, costos energéticos, de transporte y de servicios esenciales más elevados aún, que atentan contra la localización y la creación de fuentes de trabajo y actividades productivas sustentables para nuestro desarrollo económico.
Ese esquema de reformas estructurales debería también disminuir la carga impositiva en nuestra región. De lo contrario será muy difícil, sino imposible terminar con la pobreza y construir un país con desarrollo y progreso en el interior, con más fuentes de trabajo y de mejor calidad, con sectores económicos bien definidos que queremos fomentar y con herramientas aptas para impulsarlos. No preguntemos más por qué, si no nos atrevemos a enfrentar la pobreza promoviendo los cambios que demanda una visión más realista de nuestra realidad social, de cara al futuro.