Disidencias generó el pedido de investigar los alcances de la Resolución de Soto
Sesionó la comisión de Derechos Humanos y tomó conocimiento de la nota 4838/13 firmada por los diputados Carlos Martínez, Elba Altamiranda, y Jorge Varisco, a través de la cual solicitan a esta comisión la apertura de una investigación y se dictamine respecto de los alcances de la Resolución 506 emitida por el ministerio de Educación, en relación con la legislación nacional, provincial e internacional vigentes, tema que generó posiciones distintas entre oficialismo y oposición.
El diputado Carlos Martínez, uno de los impulsores del inicio del pedido, señaló que “el dictado de esta resolución por parte de las autoridades del área educativa del Gobierno, además de ser una problemática en la aplicación en los establecimientos escolares, ha generado resistencias en una parte importante del sector docente” y planteó sus “dudas” respecto de la “eficacia práctica” como instancias mediadora en el conflicto educativo, cuestionando además la legalidad del instrumento, considerando que como legisladores “estamos llamados a evaluar la adecuada normativa de la legislación reglamentaria que se dicte desde el Ejecutivo y sus organismos como derecho internacional de los derechos humanos, en particular, lo referente a normativa laboral vigente”.
“Estamos de esta forma cumpliendo cabalmente nuestro rol, como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, de garantizar la protección no solo de los derechos humanos civiles y políticos sino también los derechos sociales, económicos, culturales y de incidencia colectiva, tal como lo establece la ley provincial 2971 y el artículo 67 de la Resolución 828/2001 de la Legislatura provincial”, expresó el legislador de Libres del Sur.
Por su parte, desde el justicialismo Ricardo Sánchez, que participó del encuentro, adelantó la posición que sustentan sobre la cuestión el bloque que representa, expresiones que fueron respaldadas por las diputadas Mariel Gersel y Mirta Morel como integrantes de la comisión.
Sánchez consideró que la Resolución 506 emitida por el Ministerio de Educación está “en orden y como consecuencia de una sentencia judicial proveniente de una causa tramitada por ante el juzgado del doctor Osiska que es el Juez Laboral de Presidencia Roque Sáenz Peña”, y en ese sentido recordó: “no nos olvidemos que conforme la modificación de la ley de amparo - que hemos llevado adelante - actualmente el amparo es universal, es decir, que se puede interponer ante cualquier juez de cualquier fuero y jurisdicción, con lo cual la competencia del doctor Osiska es irrefutable” aseguró, en orden a dictaminar sobre esta cuestión, tal como lo plantean los legisladores de la oposición.
Haciendo una descripción del asunto, observó: “el juez Osiska, - luego de un análisis tanto del instituto del derecho de huelga, como del derecho a la educación que tienen nuestros hijos - estableció una prevalencia, en orden a los tratados internacionales, y le ordena al Ministerio de Educación que garantice ese derecho a la educación” y “en orden a eso se dicta la Resolución 506 que incluso en sus considerandos transcribe varios párrafos del fallo del doctor Osiska – comentó - y concluye con una serie de medidas, entres las cuales está la polémica de convocar a nuevos docentes que - por allí se dijo que van a traer docentes de otras provincias, pero no dice eso la resolución, sino que dice que son los docentes que conforme la junta de clasificación y disciplina de cada una de las regionales tienen un listado donde - en orden a la antigüedad y los puntos de cada docente - son el listado que está previsto para los casos de suplencia”. “Esos son los docentes que van a ser convocados, en caso de que continué el paro y para garantizar el derecho a la educación” aseveró el legislador.
A partir de esto, continuó “hay un cuestionamiento por parte del radicalismo, concretamente Carlos Martínez y Elba Altamiranda, de cuestionar la constitucionalidad de esta resolución, y abrir una instancia de investigación en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados” y “nosotros – afirmó el jefe del bloque justicialista - creemos que abrir una investigación para determinar constitucionalidades o inconstitucionalidades no es procedente”, “atento a que hay un fallo judicial, y si hay un fallo, nosotros tenemos la clara de disposición del artículo 152 de nuestra constitución provincial que dice que ´en ningún caso y por ningún motivo el poder Legislativo podrá ejercer funciones judiciales ni atribuirse el conocimiento de causas pendientes y que actos de esta naturaleza adolecen de insanable nulidad´, y añadió “eso no lo decimos nosotros desde el bloque justicialista, lo dice nuestra Constitución Provincial” y remarcó “entonces si hay una sentencia judicial que ordenó una cuestión y en base a esa orden el cumplimiento de esa sentencia es la resolución 506, cómo nosotros vamos a investigar si es constitucional o no” consideró , en todo caso “alguien puede meterse en ese proceso judicial, cuestionar el fallo del doctor Osiska e interponer la línea recursiva que establece la constitución y las leyes que todo fallo puede tener un segundo grado de conocimiento por parte de un tribunal superior”.
“Lo que no podemos – precisó Sánchez - es que frente a un fallo judicial, que producto de ese fallo, realmente se dio la resolución. entrar a decir que es inconstitucional” porque “estaríamos violando este articulo 152 de la Constitución” y “si le decimos a un juez que esto es inconstitucional nos estamos metiendo improcedentemente en un ámbito que no nos compete”, porque “el ámbito para discutir la inconstitucionalidad de esa sentencia es el poder Judicial y no el poder Legislativo, y esto lo saben los diputados, pero lo hacen para generar el ´strepitus foris´, generar la pelea de que ellos quieren investigar y nosotros no”, evaluó Sánchez que afirmó “no es que no queremos investigar sino que en este caso no hay nada que investigar, porque si vamos a investigar la inconstitucionalidad, disfracémonos de jueces, pero asi como está la Constitución y la ley no podemos atribuirnos ese tipo de función, que es lo que quiere el radicalismo y libre del sur, que es entrar a decir que el fallo no es constitucional y todo eso no es materia nuestra, por eso, sentamos la posición del bloque en la comisión de derechos Humanos de no habilitar ningún tipo de investigación porque tendría insanable nulidad como lo dice la Carta Magna” definió el diputado Ricardo Sánchez.
La reunión la presidió la diputada Mariel Gersel, junto a sus pares Mirta Morel, Egidio García, Elba Altarmiranda y Carlos Martínez, y participó del encuentro el diputado Ricardo Sánchez presidente del bloque Justicialista, en la Sala 1 “Alfredo Palacios” del Anexo Legislativo.