Denuncian adjudicación irregular de tierras fiscales a funcionario de Zdero - EsChaco.com - Resistencia

SEÑALAMIENTOS CONTRA EL INSTITUTO QUE CONDUCE "MARILYN" CANATA

Lunes, 5 de mayo de 2025

Denuncian adjudicación irregular de tierras fiscales a funcionario de Zdero

El diputado Slimel acusó al jefe de Vialidad Provincial de beneficiarse con casi 1.000 hectáreas mientras ejerce su cargo, en violación a la ley.

El diputado provincial Nicolás Slimel presentó esta semana una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por la adjudicación irregular de casi 1.000 hectáreas de tierras fiscales a Omar Canela, actual jefe de Vialidad Provincial del Chaco.

Según la denuncia, la operación fue autorizada por Ana María “Marilyn” Canata, presidenta del Instituto de Tierras Fiscales, violando la Ley 471-P, que prohíbe expresamente la entrega de tierras públicas a funcionarios en ejercicio o sus familiares directos.

Uno de los puntos salientes del caso tiene que ver con Canata, quien durante años como opositora al gobierno, denunció distintos casos de presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras y ahora, al mando del organismo que maneja y controla esa cuestión, se vería envuelta en anormalidades o anomalías similares a las que otrora puso en foco.

Una maniobra "disfrazada"

A través de un hilo de Twitter, Slimel aseguró que el trámite se intentó justificar como una "subrogación hereditaria", pero destacó que Canela no es heredero ni cumple con los requisitos legales para recibir tierras fiscales. "Es un funcionario público y está legalmente inhabilitado para este tipo de beneficios", sostuvo el legislador en su denuncia.

El caso se enmarca en un contexto de fuertes críticas hacia la administración del gobernador Leandro Zdero, a quien Slimel acusó de fomentar un "modelo de privilegios y discrecionalidad". "Mientras los chaqueños sufren tarifazos, despidos y ajustes, el gobierno reparte tierras fiscales entre sus funcionarios", denunció en redes sociales.

Pedido de nulidad y auditoría

Los diputados, ya que Mariela Quirós también se sumó a la presentación de Slimel, exigieron la nulidad del acto de adjudicación; la revisión exhaustiva de todas las adjudicaciones recientes de tierras fiscales; y la remisión del caso al Ministerio Público para su investigación.

"El Estado no es botín de campaña", remarcó Slimel, advirtiendo que este no sería un caso aislado, sino parte de una práctica recurrente en la gestión actual.

¿Qué dice la ley?

La Ley 471-P establece claramente la prohibición de transferir tierras fiscales a funcionarios públicos en actividad o sus familiares cercanos, con el objetivo de evitar conflictos de interés y el uso indebido de recursos del Estado.

Hasta el momento, ni Vialidad Provincial ni el Instituto de Tierras Fiscales se han pronunciado sobre la denuncia. Desde el gobierno de Zdero tampoco hubo declaraciones oficiales, aunque se espera que el tema genere repercusiones políticas en las próximas horas.

Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si hubo irregularidades en este polémico caso que pone nuevamente en el centro del debate el manejo de los bienes públicos en la provincia.